Planificación urbana de La Paz promueve la gentrificación de la zona costera

 

Densificación en la franja costera, construcción de edificios y bloqueo de playas, entre las consecuencias

Raymundo León/El Sudcaliforniano

La Paz, Baja California Sur.- El actual Plan de Desarrollo Urbano (PDU) de La Paz (2018) ha permitido densificar la zona costera cambiando el uso de suelo para promover los proyectos de inversión turísticos inmobiliarios, lo que ha incrementado el valor de la tierra en esta franja porque está enfocada a un mercado externo de alto poder adquisitivo.
La profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), Carmina Valiente Barahona, cuestionó este modelo de desarrollo porque al densificar la zona costera para sacarle más provecho lo que se alienta es la inversión en hoteles, condominios, tiempos compartidos y Airbnb.
“Se está invirtiendo en hacer edificios en la zona centro que es la parte bonita de la ciudad, en vez de ir escalonando hacia atrás para que no tapes el paisaje”.
Enfatizó que la agenda 2030 de las Naciones Unidas promueve la densificación de las ciudades para la optimización de los recursos, pero se está densificando en función del negocio.
“Porque con este tema de la gentrificación la población local se está teniendo que ir cada más a las orillas, cada vez más lejos del centro y de la playa, y eso no es sostenible”.
Puntualizó que colonias tradicionalmente pesqueras que colindan con el mar, como El Conchalito y El Esterito, han quedado atrapadas por el desarrollo inmobiliario y hoy cada vez más sus habitantes expresan sus quejas y reclamos para que no se les quiten más espacios.
Expresó que con la gentrificación está muriendo una cultura, una forma de vida de los pescadores de estas colonias y definitivamente La Paz corre el riesgo de seguir los pasos de Los Cabos porque todo se está planeando en función del turismo.
Señaló que los proyectos turístico-inmobiliarios son murallas que chupan todos los recursos, pues consumen agua, energía y bloquean los accesos a la playa, “que es algo que se tiene que regular, porque hay como tres marcos legales relacionados con el derecho de uso, de disfrute gratuito de este espacio, pero está condicionado por el acceso”.
Expuso que quien compra propiedades cerca del mar considera que los caminos son suyos y surgen los problemas porque estos no están registrados en Catastro, por lo que ahora el ayuntamiento está recurriendo a la Red Nacional de Caminos para hacer respetar estos accesos a la playa y el mar.
La investigadora Carmina Valiente, autora de la tesis “Sin playa no hay paraíso” y coautora del libro “Un espacio excepcional”, aclaró que la playa y la zona federal marítimo terrestre (Zofemat) no son lo mismo.
La playa es un ecosistema dinámico que incluye arena, sedimentos y dunas que puede abarcar decenas o cientos de metros, mientras que la Zofemat es una delimitación administrativa de 20 metros desde la marea más alta hacia el interior continental, una franja establecida por razones de seguridad y comercio.
Precisó que aunque la Zofemat es una zona federal, su administración y recaudación están a cargo de los ayuntamientos.
Dijo que todas y todos los mexicanos tienen derecho a disfrutar de las playas y la Zofemat sin restricciones, excepto para aprovechamiento económico sin permiso o construcción sin autorización.
No obstante lo anterior, el contralor municipal de La Paz, Pavel Castro, informó que durante la administración anterior se identificaron 27 playas en este municipio con accesos bloqueados o controlados por particulares, por lo que se realizaron operativos interinstitucionales para retirar los obstáculos que impedían el paso basados en que la vía pública es responsabilidad del ayuntamiento.
Dijo que el caso de la playa El Saltito, en 2023, es el más emblemático porque el portón instalado ahí impedía el paso a varias playas como el Carrizalito 1 y 2 y Las Cruces, por lo que acudieron para quitar el portón y durante ocho meses ese camino quedó libre, pero los particulares presentaron amparos alegando el despojo del portón, por lo que el juzgador les dio la razón sin considerar si la vía era pública o sí conducía a la playa.
Dijo que ante esta situación el ayuntamiento no quita el dedo del renglón y está reconfigurando su estrategia para luchar contra este amparo para dejar libre el camino hacia las playas, que son espacios de gran importancia para los habitantes de La Paz.
Resaltó que este municipio tiene dos litorales (con el Golfo de California y el Océano Pacífico) y 127 playas, “por lo que crecemos con una cultura, ya sea de pesca o de recreación, de ir a disfrutar del mar como algo normal”.
Puntualizó que el ayuntamiento seguirá luchando por la apertura de los accesos a las playas y está abierto a la denuncia ciudadana sobre el bloqueo hacia estos espacios, por lo que actualmente tienen 20 denuncias, de las cuales ya se atienden 17.
Carlos Cruz González, profesor investigador del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UABCS, informó que en Baja California Sur “la tierra ejidal se ha privatizado, pero de forma focalizada”.
Mencionó que con las reformas a la Constitución de 1992 que abrieron la posibilidad de que las tierras ejidales se pudieran vender y pasar a manos de particulares, se generó un proceso de privatización, pero muy diferenciado.
En las zonas conurbadas y con vocación turística pro sus playas el proceso de privatización lleva un avance del 50%, mientras que en el resto de los ejidos, sobre todo del norte del estado, el porcentaje es mucho menor.