La
fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, llamó a la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social Federal; a la presentación de dicha Secretaría
estatal y a la secretaria del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social del
estado, a que, de manera coordinada, realicen inspecciones de vigilancia tanto
en empresas y establecimientos, como en calles y avenidas para erradicar la
explotación del trabajo infantil.
En
voz del diputado Fernando Hoyos Aguilar, la bancada petista integrada por
Gabriela Montoya Terrazas, Luis Armando Díaz, Christian Agúndez Gómez y
Fernando Hoyos Aguilar pidió a las autoridades implicadas procedan a sancionar
a quienes están exponiendo a los menores a estas prácticas ilegales.
“Menores
de edad laboran hasta altas horas de la noche, en Cabo San Lucas, situación que
no puede pasar desaperciba por nuestras autoridades”, advirtió el representante
popular.
Durante
su intervención en la máxima tribuna del estado, Hoyos Aguilar, enfatizó que en
el mundo según cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se
estima que actualmente existen 160 millones de niñas y niños que se encuentran
en situación de trabajo infantil, lo que representa casi 1 de cada 10 niños en
todo el mundo; de estos, se considera que 79 millones de menores realizan
trabajos peligrosos que ponen en riesgo su salud, seguridad y desarrollo
moral.
En
México, de acuerdo con las últimas cifras obtenidas de la Encuesta Nacional de
Trabajo Infantil (ENTI) llevada a cabo en el año 2020, realizada por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), trabajan en el
territorio nacional alrededor de 3.3 millones de niños, niñas y adolescentes,
de los cuales según las estimaciones de dicho Instituto, 700 mil menores de
entre 5 y 14 años y 1.1
millones
de jóvenes de entre los 15 y 17 años trabajan en actividades consideradas como
peligrosas. Para el caso concreto de Baja California Sur, se estima que de los
3.3 millones de menores que laboran en México, en nuestro Estado se encuentran
alrededor de 6,720 en esta situación.
“Al
encontrarse en una situación de vulnerabilidad constante deben de contar
siempre con la máxima tutela jurídica del Estado, procurando éste, bajo cualquier
circunstancia el interés superior del menor, dado que ese interés siempre debe
estar enfocado a garantizar un desarrollo integral y una vida digna en todo
momento del menor”.
No
obstante, reconoció que, a pesar de los esfuerzos realizados en esta administración
federal, aún hay prácticas que laceran ese desarrollo integral y la vida digna
de esos desprotegidos, refiriéndose a la explotación laboral de menores de edad
en Baja California Sur, que realizan labores de trabajo prohibidas
constitucional y legalmente en condiciones que ponen en peligro su salud, su
seguridad y su desarrollo.
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