El Congreso del Estado de Baja California Sur se declaró sin atribuciones
constitucionales para autorizar al XVII Ayuntamiento de La Paz, la integración
del Fideicomiso para el Programa de Mejoramiento y Modernización del Transporte
Público de Pasajeros en La Paz.
Durante el tercer periodo extraordinario de sesiones, la Comisión Permanente de
Asuntos Fiscales y Administrativos que preside el diputado Enrique Ríos Cruz,
presentó el dictamen resolutivo relativo a la iniciativa presentada por el XVII
Ayuntamiento de La Paz, el cual fue aprobado por mayoría de diputadas y
diputados asistentes.
La solicitud del Ayuntamiento de La Paz busca construir un programa de
modernización del transporte público, mediante la constitución de un
fideicomiso de “captación de recursos” y “de pago” a quince años.
El dictamen de la comisión observó que las aportaciones anuales que haría el
Ayuntamiento al fideicomiso, constituye un compromiso plurianual de egresos,
que estarían siendo proyectados y autorizados cada año en los presupuestos de
egresos del mismo ayuntamiento, es decir, dichas aportaciones no se consideran
como deuda pública ya que no tendrían su origen en la contratación de un
financiamiento por parte del ayuntamiento.
Por otro lado, observó también que el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley
de Deuda Pública que refiere que los entes públicos, en este caso, los
municipios, pueden constituir fideicomisos de captación de recursos cuyo
patrimonio se integre en términos de la Ley de Deuda Pública, por lo que ésta
resulta inaplicable en el caso. Es decir, no puede considerarse como un
contrato de servicios de largo plazo, ya que no se ajusta en la regulación
normativa que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Estado de Baja California Sur.
El diputado Armando Martínez (PAN) consignó que no concuerda con la
argumentación del dictaminador que establece que el poder legislativo del
Estado no cuenta con atribuciones constitucionales y o legales para dar el
cauce jurídico solicitado a la iniciativa. “De aprobarse el resolutivo que se
acaba de mencionar se puede interpretar como una aprobación o autorización
tácita realizada por el congreso para que realice dicho acto”.
Puntualizó la postura de la Fracción del PAN en contra. “Yo creo que no debe
quedar nuestra conciencia que estamos firmando cheques en blanco vamos
razonando compañeros y que esto se logre bajo un acuerdo, yo creo que el
diálogo es la mejor manera de resolver los problemas como los que nos aquejan
esta tarde”.
Por su parte el diputado Luis Armando Díaz (PT) aludió al artículo 115
constitucional referente a la autonomía jurídica de los ayuntamientos, “No
estamos otorgando ningún cheque en blanco, simplemente estamos diciendo en el
considerando cuatro que no tenemos las facultades para autorizar al ayuntamiento
la creación de un fideicomiso, porque ni constitucional ni en nuestra Ley
Orgánica tenemos la facultad para hacerlo”.
“Nosotros estamos vertiendo argumentos jurídicos no políticos no vamos a
politizar un tema que tiene que ver con un derecho al transporte de los
ciudadanos y también hay que decirlo, con el derecho a los concesionarios a
quienes se han tomado en cuenta para cualquier tipo de acción que su gobierno
municipal determine para garantizar un transporte moderno a los ciudadanos”,
precisó.
El Congreso aprobó comunicar el dictamen resolutivo al Ayuntamiento de La Paz,
para que en uso de sus facultades y dentro del marco competencial
constitucional y legal, realice las acciones y actos jurídicos que correspondan
para integrar dicho fideicomiso para el Programa de Mejoramiento y
Modernización del Transporte Público de Pasajeros en La Paz, Baja California
Sur.
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