Y es que dado que cada estado tiene riesgos específicos, el representante de Baja California Sur consideró que dependerá de las experiencias de cada entidad el que se vayan especializando en las situaciones de riesgo que se presentan con mayor frecuencia en sus territorios, que dependen de su ubicación geográfica, su situación social, etc.,
“Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México los simulacros de sismos; en Baja California Sur las medidas de protección ante huracanes y tormentas tropicales; en Tamaulipas, los protocolos de protección ante la inseguridad y la violencia, por mencionar algunos”, explicó.
En ese sentido, Juan Fernández se refirió al Estudio de la OCDE sobre el sistema nacional de protección civil en México 2013, el cual indica que en las 246 mil escuelas de México, dos programas se proponen reducir la vulnerabilidad en caso de desastre: un programa interno de seguridad escolar que consta de medidas tales como simulacros mensuales de evacuación, la colocación de señalamientos y alertas, y un programa para reducir la vulnerabilidad estructural de los inmuebles escolares.
El Instituto Nacional de Infraestructura Física Educacional (INIFED), -prosiguió-, lleva a cabo aproximadamente 25 mil visitas al año para evaluar la vulnerabilidad de los planteles.
“La escuela debe ser el espacio más seguro para la infancia, después del hogar, y debe constituirse como un espacio donde se procure su bienestar, la protección de su vida, el respeto a sus derechos y su desarrollo integral”, concluyó el Senador.
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