Por Raymundo León
El
Ayuntamiento de La Paz y la empresa Gestión Integral de Recolección y
Reciclados de Occidente SA de CV (GIRSSA) sostienen una confrontación jurídica
por la presunta concesión del servicio
de alumbrado público que otorgó la pasada administración municipal, encabezada
por el priista Francisco Monroy.
Según
el contrato, GIRSSA colocaría 15 mil luminarias en la ciudad de La Paz con una
inversión de 96 millones de pesos.
La
empresa prestaría el servicio durante 15 años, a cambio de un pago mensual de 4
millones de pesos, 720 millones de pesos en total.
El
consejero jurídico del Ayuntamiento, Santiago Leal Amador, explicó que al final
de la pasada administración, el Cabildo autorizó de forma irregular e ilegal la
concesión del alumbrado público porque transgredió la normatividad en el
proceso de licitación y contraviene las disposiciones del Bando de Policía y Buen
Gobierno Municipal, el cual señala que ese servicio no se puede concesionar.
Mencionó
que el Ayuntamiento -que encabeza el panista Armando Martínez Vega- desconoció
la concesión del alumbrado público porque al final de la pasada administración,
el Cabildo sin tener facultades ejecutorias ordenó la firma del contrato,
documento que además no aparece en los archivos del municipio.
Expresó
que el supuesto proceso de licitación, facultad que recae en el área de
Adquisiciones y no del Cabildo, tampoco fue publicado en el boletín oficial del
gobierno del estado porque este argumentó que esa concesión contravenía
disposiciones del Bando de Policía y Buen Gobierno Municipal.
Mencionó
que la empresa GIRSSA se inconformó y promovió ante el juzgado un amparo contra
la decisión del actual Ayuntamiento porque no se le otorgó el derecho de audiencia
para defender el contrato.
Dijo que
el juzgado de distrito rechazó la solicitud de amparo porque el Ayuntamiento
informó que no encontraron documentos del contrato ni de las sesiones en las
que se autorizó la presunta concesión y el Cabildo sobrepasó sus facultades con
un proceso y un fallo que corresponde a otras instancias municipales.
La empresa
GIRSSA, añadió el funcionario municipal, presentó un recurso de revisión ante
el Tribunal Colegiado en el que mostró un contrato firmado por las autoridades
municipales anteriores, por lo que concedió el amparo de buena fe.
Expuso que
el Ayuntamiento no incurre en desacato para el pago del servicio de alumbrado
público porque hay una queja en revisión debido a que el motivo no es el
contrato, sino el proceso de licitación irregular.
Puntualizó
que el Ayuntamiento no debe nada a la empresa GIRSSA porque aunque esta demanda
un pago, el que presta el servicio es el Ayuntamiento de La Paz a través de la
Dirección de Servicios Públicos Municipales.
Precisó
que es ilógico que el municipio pague los 4 millones de pesos al mes que quiere
GIRSSA cuando el Ayuntamiento lo hace con 500 mil pesos.
El Cabildo
en funciones destituyó al secretario general del gobierno municipal, Isidro
Ibarra Morales, por falta de probidad, debido a que este promovió el pago a la
empresa para evitar el presunto desacato.
Al
principio de la actual administración municipal Isidro Ibarra dijo que el
Cabildo en funciones desconoció el contrato porque no se llevó a cabo los
estudios de viabilidad necesarios y se incumplió con la reglamentación y leyes
aplicables en la licitación, asignación y aprobación correspondiente. Expresó
que las leyes locales impiden que el alumbrado público se privatice.
El
funcionario añadió que la empresa tampoco garantizaba el cumplimiento del
contrato porque no cuenta con la infraestructura operativa ni el personal
necesario para atender el alumbrado público de la capital de Baja California Sur.
El
gobierno estatal encabezado por el panista Marcos Covarrubias Villaseñor se
negó a publicar en el boletín oficial la constancia del 3 de junio de 2015
correspondiente a la sesión del Cabildo de La Paz en la cual se aprobó el
dictamen que autorizó al presidente municipal, secretario general y síndico la
firma del contrato de concesión para la prestación, explotación, administración
y conservación del alumbrado público del municipio de La Paz.
La
Consejería Jurídica del gobierno del estado argumentó que se hizo un análisis
legal que impide la concesión a particulares del servicio de alumbrado público.
El
Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de La Paz establece que la
prestación de los servicios públicos a través de los particulares requerirá el
otorgamiento de la concesión de parte del Ayuntamiento “con la prohibición de
los servicios públicos de seguridad y vigilancia pública, alumbrado público y
tránsito de vehículos”.

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