Con la finalidad de fortalecer una parte importante de la política
pública en materia de Seguridad Pública en la entidad, la diputada Guadalupe
Vázquez Jacinto presentó iniciativa para reformar y adicionar la Ley de
Videovigilancia para el Estado de Baja California Sur, en la que se contempla
dotar de mayores facultades a las instituciones públicas estatal y municipales
para operar este sistema en todo el estado, y al mismo tiempo, dar una mayor
flexibilidad a todo tipo de empresas para la operación de estos sistemas para
convertirlos inhibidores de conductas antisociales.
La iniciadora, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública de
la XVI Legislatura al Congreso del Estado, precisó que era necesario actualizar
esta normatividad que presentaba algunas inconsistencias, señalando que el
trabajo de reformas se realizó en un dialogo permanente con las instituciones
públicas y representantes de la sociedad civil bajo dos premisas fundamentales:
“entregar una herramienta legal para prestar un mejor servicio a la sociedad
sudcaliforniana en esta importante materia, y la segunda, cuidar en todo
momento los derechos humanos de la población, es decir su derecho a la
privacidad al momento de operar sistemas de videovigilancia en los cinco
municipios. “Son dos aspectos que guiaron esta labor de reformas en las que
hubo que armonizar la ley con la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado y con el interés superior de
niñas, niños y adolescentes”, subrayó la diputada.
Vázquez Jacinto informó que luego de varias sesiones de trabajo
con la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado y con la
Comisión Técnica de Videovigilancia del Estado, integrada por servidores
públicos y representantes de la sociedad civil de la entidad, en sesión de la
Comisión Técnica se validaron 37 reformas a este ordenamiento legal.
Señaló que, en el documento presentado para su proceso
legislativo, se establece la flexibilidad para que las empresas de todo tipo
instalen sus sistemas de videovigilancia, con la finalidad de facilitar el
trabajo a la autoridad ante la comisión de un posible ilícito.
Destacó, también, que la iniciativa contempla que como mínimo las
grabaciones realizadas por sistemas de videovigilancia deberán guardarse
físicamente por un periodo de 30 días naturales a partir de la fecha de su
captación y no de 60 como se encuentra actualmente en la Ley, ello, por el alto
costo que significa para muchas empresas el guardar la información.
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