Vivienda digna,
descanso a menstruantes, pensión alimenticia a hijos e hijas que hayan cumplido
la mayoría de edad, salvaguardar los derechos a mujeres violentadas, entre las
principales demandas del 2do Parlamento de las Mujeres
Las parlamentarias pidieron que las mujeres puedan reclamar la pensión
alimenticia, a pesar de que los hijos e hijas hayan cumplido la mayoría de
edad, poder reclamar un interés financiero sobre el monto total adeudado, en
razón de los gastos y costos realizados durante todo el tiempo que duró la
manutención, para que tengan una justa indemnización, reconociendo la labor de
cuidado de las madres
Reformar la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y los
Municipios de BCS, para que se otorgue un descanso a mujeres menstruantes
En el 2do. Parlamento de Mujeres realizado este jueves, las congresistas
exhortaron a las autoridades educativas para que creen un programa de
corresponsabilidad social en la conciliación de las responsabilidades de
cuidados y las actividades académicas en las instituciones de educación
superior, que apoye a quienes se encuentren embarazadas, cuidando a personas
menores, adultas mayores, con discapacidad, o personas dependientes para
garantizar su permanencia y conclusión de sus estudios.
Y es que, culturalmente las mujeres asumen roles de cuidado en la familia con
los integrantes que se encuentren en condición de vulnerabilidad, como niños de
0 a 5 años, personas adultas mayores, con discapacidad o enfermedades crónicas;
tareas de cuidado impuestas o autoimpuestas, por lo que proponen desarrollar
tres acciones afirmativas que consisten en dar difusión de los derechos de las
mujeres en los medios masivos de comunicación, generar espacios para el
desarrollo de la sororidad entre cuidadoras, construyendo redes de apoyo mutuo,
el establecimiento de un centro de asesoría legal para que las mujeres conozcan
sus derechos, cuando éstos se han vulnerado y cuáles son los mecanismos para su
defensa resaltando la prioridad del Estado para promover, proteger, respetar y
garantizar los derechos humanos de las mujeres, de conformidad con el marco
convencional suscrito por el país.
En sesión solemne, bajo la presidencia de la diputada Karla Yesenia González
Gavaraín, propusieron también exhortar al Gobierno del Estado para que a través
del Instituto de Vivienda se garantice el derecho humano de acceso a una
vivienda digna; a la Secretaría de Trabajo, Desarrollo y Previsión Social así
como al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), para
que se creen albergues temporales para personas jornaleras agrícolas, para
atender las necesidades básicas de las personas que por alguna situación, sus
empleadores les hayan dejado en situación de abandono e indefensión.
Las parlamentarias, pidieron que se elabore una iniciativa con proyecto de
decreto para que las mujeres puedan reclamar la pensión alimenticia, a pesar de
que los hijos e hijas hayan cumplido la mayoría de edad, así como poder
reclamar un interés financiero sobre el monto total adeudado en favor de la
acreedora de la pensión, en razón de los gastos y costos realizados durante
todo el tiempo que duró la manutención, con el fin de que tengan una justa
indemnización y adecuado acceso a la justicia, reconociendo la labor de cuidado
de las madres.
Desde tribuna, donde participaron las diputadas Évelin Lezlie Rodríguez León;
Elva Celia Soto Camacho y Luz Margarita Guevara López, en la relatoría que
resumió las conclusiones y acuerdos consensuados, solicitaron se reforme la Ley
de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y los Municipios de
Baja California Sur, para que se otorgue un descanso a mujeres menstruantes que
se ven imposibilitadas para realizar su jornada laboral a causa de los
malestares físicos.
En estos tres días de intenso trabajo y deliberaciones, los principales temas
que presentaron hoy en tribuna, versan sobre la necesidad imperante de
salvaguardar el bienestar y derecho de madres y familia que fueron víctimas de
violencia de género y/o feminicidios; cuidado de la primera infancia y
preescolar, servicios que permiten a las madres jefas de familia tener un
trabajo remunerado fuera del hogar y contribuyen al desarrollo integral
infantil.
Las congresistas sudcalifornianas, propusieron reformar el Código Civil del
Estado en lo referente al juicio de patria potestad que en los casos de
violencia género o feminicidio, donde los familiares de la persona violentada
la custodia de la niña, niño o adolescente; sea a través de un juicio sumario
para evitar la dilación a través de la interposición de recursos innecesarios.
Igualmente, la elaboración de un “Protocolo de atención a casos de Discriminación
y Violencia hacia las Mujeres en la Administración Pública del Estado y
Municipios de Baja California Sur”, que articule los distintos instrumentos
normativos en la materia y que dicho protocolo sea formalizado por el Instituto
Sudcaliforniano de las Mujeres en atención a lo que le mandata la Ley del
Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres.
Pidieron espacios seguros para los hijos e hijas del personal de seguridad
pública, sobre todo de las mujeres, ya que es un grave problema para ellas el
desarrollarse profesionalmente para aspirar a puestos de mando, estudiar y
capacitarse en las reformas o avances que en materia de seguridad pública se
han desarrollado.
Promover un foro anual llamado “Mujer Política” el cual promueva la
participación de mujeres, facilitando el intercambio de experiencias y
opiniones con respecto a inquietudes y necesidades en relación al ejercicio de
sus derechos y su participación dentro de la toma de decisiones de su Entidad.
Por considerar de suma importancia, propusieron impulsar talleres de liderazgo
femenino y empoderamiento político; reconocer a mujeres originarias de Baja
California Sur que se hayan destacado en diversos ramos utilizando sus nombres
para el nombramiento de nuevas plazas, parques, calles, escuelas o lugares de
recreación; crear convenios de colaboración con organismos gubernamentales de
la Entidad para que propicie la creación de convocatorias sobre vacantes
laborales en las que las mujeres puedan ocupar puestos de trabajo en sectores
profesionales; elaborar programas de orientación escolar con el objetivo de
promover una cultura cívica para la obtención de elecciones no sexistas e
identificar los diversos tipos de violencia política y las sanciones que estos
conllevan.
Fueron muy enfáticas al solicitar promover y difundir los derechos humanos de
las mujeres indígenas y afromexicanas, con la participación de diversas
instituciones de los tres poderes del Estado, así como del Instituto
Sudcaliforniano de las Mujeres, y de la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos, para que se elaboren programas y acciones específicas, las cuales
deben de contar con mecanismos de seguimiento y presupuesto suficiente para su
ejecución.
Reconocieron que los derechos a la participación política de las mujeres se han
legislado con importantes avances como la “Paridad en Todo”, sin embargo, no es
suficiente la paridad cuando los puestos principales que tienen que ver con las
decisiones más importantes siguen restringidos a las mujeres.
Finalmente, señalaron que, al interior de los partidos políticos, las mujeres
continúan siendo relegadas y uno de los obstáculos son las dinastías o grupos
que se apropian de los partidos y ellos deciden, y el nepotismo, que termina en
conflicto de interés; sigue siendo limitado el acceso a las mujeres que podrían
participar para llegar al poder y estar ahí donde se toman las decisiones, los
partidos políticos locales, están al margen del cumplimiento de la ley en
cuanto a los recursos destinados para la promoción del liderazgo político de
las mujeres, y se requiere establecer sanciones al respecto.
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