El pleno de la XVII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur, aprobó por unanimidad el Punto de Acuerdo presentado por el diputado Omar Torres Orozco para que se exhorte a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), a las autoridades de seguridad pública federal, estatal y al Ayuntamiento de Los Cabos, encargado de administrar la zona federal marítimo terrestre, para que realicen las acciones urgentes y necesarias para garantizar el libre acceso a las playas que comprenden desde la Delegación de La Ribera hasta el poblado La Playa en el municipio de Los Cabos, en materia de inspección, vigilancia y sanción, con el objeto de asegurar el cumplimiento de las obligaciones de los propietarios, concesionarios o permisionarios, en lo relativo a garantizar su derecho.
“Sin duda, esta situación constituye una violación al derecho humano a la
movilidad. A la fecha, no ha habido una intervención efectiva por parte de las
autoridades competentes para sancionar a quienes bloquean los accesos a las
playas”, añadió.
Torres Orozco consideró urgente aplicar la normatividad en la materia: numeral
154 de la Ley General de Bienes Nacionales, que sanciona con multa de entre 3
mil y hasta 12 mil veces la UMA vigente, a los propietarios de terrenos
colindantes con la zona federal que por cualquier medio o acto impidan,
obstaculicen o condicionen el acceso a la misma; el artículo 373 del Código
Penal del Estado de Baja California Sur, sanciona con penas de 3 a 7 años de
prisión a quienes obstaculicen, destruyan o impidan el acceso a playas o zonas
federales marítimo-terrestres.
Por último, reafirmó que está a favor del desarrollo integral y sustentable, la
inversión turística, que genera empleo y dinamiza la economía local, no
obstante, como diputado permitirá que se vulneren los derechos de los
Sudcalifornianos a la movilidad, en nombre del desarrollo económico, “es
lamentable que, en nuestra propia tierra, se nos niegue el acceso a nuestras
playas, que son del pueblo y para el pueblo”.
Durante la discusión del tema, la Diputada Guadalupe Saldaña Cisneros,
manifestó en tribuna estar a favor del punto de acuerdo presentado, no
obstante, precisó que, pese a las denuncias de los habitantes de Cabo del Este
no ha habido una intervención de las autoridades competentes, principalmente de
la SEMARNAT por medio de la PROFEPA, considerando cuestionable el hecho de que
“la denuncia al Grupo Vidanta del empresario Daniel Chávez, por cierto
consentido del expresidente López Obrador, este construyendo un nuevo complejo
turístico en esa región, cerrando los accesos a los caminos de Cabo del Este”,
dijo, además de diversas violaciones a la legislación ambiental, se está
solapando por autoridades federales, estatales y municipales el ilícito bloqueo
a las playas de Cabo del Este, al violarse la Ley General de Movilidad y
Seguridad Vial y la Ley General de Bienes Nacionales.
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