- Marcha atrás a la privatización del alumbrado público de La Paz
- Administración de Martínez Vega se ahorrará 513 mdp
- La concesión se había otorgado a una empresa cuestionada
Como era de esperarse la autorización que otorgó el pasado cabildo de La Paz a las autoridades municipales para firmar un contrato de concesión al Grupo Integral de Recolección y Reciclados de Occidente SA de CV se derrumbó por el incumplimiento de reglamentos y leyes locales, y qué bueno porque de ser acertadas las cifras que maneja el alcalde Armando Martínez Vega el gobierno municipal se estaría ahorrando con ello más de 513 millones de pesos, que estarían entrando a las arcas de la empresa que fue favorecida vaya usted a saber a cambio de qué.
Cuando en su momento le pregunté al ex secretario general del ayuntamiento Marco Antonio Núñez Rosas qué ganaba el ayuntamiento con ese contrato, respondió que la empresa habría de invertir 96 millones de pesos en la instalación de 15 mil luminarias ahorradoras de energía eléctrica, dinero con el cual no contaba la administración municipal.
Lo que no dijo y ahora sale a la luz con el nuevo ayuntamiento es que la administración tendría que pagar 4 millones mensuales durante un periodo de 15 años por esa instalación, el mantenimiento y operación del alumbrado público, es decir, 720 millones de pesos, cantidad descomunal si se compara con la que maneja Armando Martínez de un millón 154 mil pesos al mes, o un global de 217 millones aproximadamente en esos tres lustros, de ahí el ahorro de 513 millones del que hablo.
Más aun, la concesión se le otorgó a una empresa vinculada con el ex alcalde de Bahía Banderas, Nayarit, Jaime Cuevas Tello, implicado en escándalos por la deficiencia de los servicios de recolección de basura en esa población.
Allá los pobladores denunciaron varias veces las malas condiciones de las unidades recolectoras y las zonas clandestinas donde arrojaban los desechos, pero estos antecedentes no fueron tomados por Francisco Monroy y compañía.
El polémico Cabildo anterior de La Paz dio la autorización el 3 de junio del 2015, a pesar de los señalamientos hechos por organizaciones civiles y diputados de que no era conveniente ni legal la concesión del alumbrado público, es decir, la privatización de este servicio estratégico porque está ligado con la seguridad pública.
Tampoco consideró o más bien le importó poco que el gobierno del estado ya hubiera adquirido 8 mil luminarias en apoyo del municipio para el mejoramiento del alumbrado público.
Para Marco Antonio Núñez Rosas la duplicidad de la tarea era problema del gobierno del estado y no del ayuntamiento, pues el servicio es responsabilidad de este último, es decir, lejos de agradecer el respaldo del gobierno estatal lo observaba como una intromisión.
El gobierno de Marcos Covarrubias por su parte rechazó la solicitud del ayuntamiento que inició Esthela Ponce y concluyó Francisco Monroy para publicar en el boletín oficial la constancia de la sesión en la que se autorizó al gobierno municipal la firma del contrato.
Sus argumentos entonces fueron contundentes basados en la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur y el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de La Paz, que prohíben la concesión de los servicios de seguridad pública y tránsito, así como el alumbrado público.
La Consejería Jurídica del gobierno estatal también advirtió que la constancia emitida por el ayuntamiento de La Paz dadas sus condiciones se refería a un contrato de largo plazo y no a una concesión, por lo que se requería la autorización del Congreso del Estado.
A pesar de estos argumentos en contra el ayuntamiento saliente concesionó a la empresa especializada en recoger basura el servicio de alumbrado público, en desacato a las leyes y reglamentos locales, y en medio de una polémica negociación, pues nadie en su sano juicio puede aceptar un pago de 4 millones de pesos al mes cuando ya se tiene el respaldo del gobierno estatal para cambiar luminarias y se cuenta con un departamento de servicios públicos municipales que lo puede operar con un millón 154 mil pesos.
Una transa más de las autoridades municipales y regidores que se fueron si se toma en cuenta que semanas más adelante autorizaron un cambio de uso de suelo al proyecto minero Los Cardones que tampoco cumplió con el procedimiento necesario.
Y como en el caso del cambio de uso de suelo, el Cabildo encabezado por Armando Martínez Vega desconoció la concesión, lo que le quita un fuerte compromiso financiero a su administración, que ahora deberá hacer efectiva la prestación de un servicio de alumbrado público de calidad con el personal de los servicios públicos municipales, el apoyo del gobierno del estado, y un esquema que garantice a los ciudadanos de La Paz contar con calles y colonias bien alumbradas, pues ciertamente se trata de un servicio estratégico para la seguridad de la población.
Sus comentarios al correo: raymundoleon2004@yahoo.com.mx
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