La Paz, B.C.S. El ayuntamiento de La Paz detectó la falta de comprobación, desvío de recursos, adjudicaciones directas y otros desordenes financieros y administrativos en el pasado gobierno municipal, así como el obsequio de 22 licencias para la venta de alcoholes en restaurantes y bares a favor de ex regidores y ex funcionarios.
Ante estas irregularidades el Cabildo aprobó la comparecencia de ex funcionarios y la aplicación de una auditoría forense de la administración que inició la priista Esthela Ponce Beltrán y concluyó su suplente Francisco Monroy Sánchez.
La Comisión Especial de Entrega Recepción del gobierno del panista Armando Martínez Vega informó que el gobierno anterior no presentó las conciliaciones bancarias de 71 cuentas manejadas durante el periodo 2011-2015.
En un informe dado a conocer al Cabildo, precisó que el Congreso local no aprobó las cuentas públicas del 2010 al 2013 y existen observaciones pendientes de solventar por mil 668 millones 374 mil pesos.
Derivado del análisis de la deuda pública municipal se desprende que al 31 de julio del 2015 la misma ascendía a 940 millones 956 mil pesos, 637 millones 362 mil más que en marzo del 2011.
Dejó pendientes asimismo créditos fiscales por 55 millones 678 mil pesos con el Servicio de Administración Tributaria.
La Comisión detectó además un desvío de recurso federales por 254 millones 600 mil pesos, etiquetados, pero no pagados a diferentes programas sociales y de obra pública del municipio de La Paz.
Precisó que el gobierno priista recibió recursos de la federación para un mercado y una fuente danzante que no se construyeron, y más de 12 millones del programa Habitat del 2013 fueron transferidos a otras cuentas bancarias, por lo cual se suspendieron las partidas de los dos años siguientes.
También se detectaron adjudicaciones directas indebidas de compras y servicios y un aumento del 675 por ciento en la adquisición de productos a un negocio de llantas y refacciones del ex alcalde Francisco Monroy Sánchez en el último tramo de la administración, por lo cual el ayuntamiento tuvo que pagar con un terreno.
El informe dio a conocer que los 13 ex regidores, el ex secretario general Guillermo Rochín, el ex tesorero Rosendo Castro y la ex subdirectora de Inspección Fiscal Martha Elena de la Peña se beneficiaron con 22 licencias para la venta de alcoholes, que suman un monto de 2 millones 365 mil pesos, que no fueron pagados.
Además se detectaron adeudos de regidores por más de 687 mil pesos que no fueron comprobados ni reintegrados al ayuntamiento.
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