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| Pleno del Congreso del Estado de Baja California Sur |
Creación de Regidurías y Diputaciones Indígenas en BCS, propuso
diputada de MORENA
La diputada Petra
Juárez Maceda, del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó un conjunto de modificaciones a
diversas leyes que tienen como como objeto reconocer en la Constitución
Política de Baja California Sur, el derecho a la representación política en los
ayuntamientos y el Poder Legislativo, de las comunidades indígenas y afromexicanas.
La iniciativa
busca adicionar y/o reformar artículos de la Constitución, de la Ley Electoral,
de La Ley Orgánica de la Administración Pública, todas del Estado de Baja
California Sur, además de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de
Baja California Sur en materia de representación política de las comunidades
indígenas y afromexicanas en el Poder Legislativo y los ayuntamientos de Baja
California Sur.
La legisladora
abundó que el derecho a la representación política de los pueblos, comunidades
indígenas y afromexicanos se encuentra reconocida en la legislación estatal y
se diferencía del derecho al consentimiento libre, previo e informado, en que,
si bien el consentimiento es un proceso de participación ciudadana para la toma
de decisiones, no es la representación popular directa de los intereses de los
pueblos, comunidades indígenas y afromexicanos, en el ejercicio del poder
público, como lo sería dentro de un cabildo o una legislatura estatal.
Señaló que lo
anterior lleva a la necesidad de que la representación política de los pueblos
indígenas dentro del sistema jurídico hegemónico debe ser diferenciada, por
motivos de respeto a su tradición normativa, así como de afirmación y garantía
de sus integrantes.
En resumen, la
iniciativa presenta modificaciones que proponen crear las regidurías y
diputaciones por el principio de representación indígena, de acuerdo al
porcentaje de la población indígena radicada en los ayuntamientos y en general
en el Estado.
Se propone la
creación de los Consejos Estatal y Municipal indígenas y Afromexicanos quienes
harán las propuestas de sus representantes a los cargos de los diferentes
niveles.
Presentó diputada Quiroga iniciativa para crear un padrón
inmobiliario municipal
Ante la necesidad
de que los Ayuntamientos cuenten con un padrón de la propiedad inmobiliaria
municipal para tener control en este rubro y la ciudadanía conozca qué bienes
inmuebles conforman la propiedad municipal, la diputada Milena Paola Quiroga
Romero, presentó una iniciativa con proyecto de decreto donde propone reformar
y adicionar diversas disposiciones de la Ley orgánica municipal.
la legisladora
adujo que el padrón inmobiliario será un instrumento de certeza de la propiedad
para los municipios y garantizará que los ciudadanos sepan y conozcan que
bienes inmuebles constituyen el patrimonio inmobiliario de su municipio, lo que
genera certidumbre para su defensa y protección.
La integración y
conformación de este padrón será responsabilidad de la Sindicatura Municipal
con el auxilio de la Oficialía Mayor, Dirección de Catastro y demás
dependencias municipales y la información deberá ser pública y difundida en la
página de internet del Municipio.
La propuesta de
la representante popular es por la posible venta de bienes inmuebles de
propiedad pública municipal en diversos municipios del Estado para sanear las
finanzas frente a los retos económicos que enfrentan por la pandemia del
COVID-19 y porque diversas ciudadanas y ciudadanos le han manifestado su
preocupación por esta medida anunciada concretamente por el alcalde de La Paz.
Además, la Ley
Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur, si bien es
cierto prevé un procedimiento para la enajenación de bienes de dominio privado
de los municipios, no existe claridad en dicho ordenamiento para llevar a cabo
la desafectación de los bienes inmuebles de dominio público y que este fuera de
manera justificada.
“No se cuenta con
un inventario público que se pueda checar y que siempre se tiene que hacer
mediante solicitudes de información o peticiones descansadas en el derecho de
petición, considerando que para la transparencia y la debida rendición de
cuentas era necesario que la ciudadanía conozca cual es el patrimonio
inmobiliario municipal, ya que así, puede constituirse en observador y
vigilante del mismo.
Aprobaron diputados reformas contra la violencia política en razón
de género en BCS
En sesión
extraordinaria, el Pleno de la XV Legislatura del Congreso de Baja California
Sur aprobó reformas a diversas leyes y ordenamientos en los que quedó
tipificado y homologada la violencia política en razón de género en la
Constitución estatal, la Ley a una vida libre de violencia, Ley Electoral y
Código Penal de Baja California Sur.
El objetivo es
dar certeza a las mujeres que ostenten un cargo público, incluso en los de
elección popular, desde que son candidatas, para que desarrollen sus funciones
con libertad y sin ningún tipo de coacción para desempeñarlo, expresó la
diputada Rosalba Rodríguez López, presidenta de la comisión de equidad de
género en la cámara local.
La reforma que
modificó la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, la Ley
de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios, la Ley Electoral,
la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y el Código
Penal para el Estado, se armoniza con el decreto publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 13 de abril del presente año.
Mediante esta
reforma quedó homologado el concepto de violencia política contra las mujeres
en razón de género (VPMRG) como lo establece el referido decreto.
“Toda acción u
omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida
dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado
limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y
electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las
atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de
la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así
como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas,
candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo”.
Con las reformas
se tipifica también como violencia política en razón de género, divulgar
imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata o en funciones,
por cualquier medio físico o virtual, con el propósito de desacreditarla,
difamarla, denigrarla y poner en entredicho su capacidad o habilidades para la
política; ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o
patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus derechos políticos; limitar o
negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al
cargo que ocupe la mujer, incluido el pago de salarios y prestaciones,
obligarla mediante presión o intimidación, a suscribir documentos o avalar
decisiones contrarias a su voluntad o a la ley.
En la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California
Sur, establece los casos de responsabilidad de violencia, incluso a través de
un tercero.
En la Ley
electoral fortalece las atribuciones del Instituto Estatal Electoral para hacer
respetar la paridad de género y prevenir
la violencia política.
Deroga el
artículo 390 del Código Penal estatal para eliminar la violencia política, puesto
que ya está plasmada en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, por
lo que a partir del decreto del 13 de abril del presente año en el Diario
Oficial de la Federación, la VPMRG es materia federal, lo que implica un logro
al contar con más herramientas orientadas a prevenir evitar y sancionar este
problema que limita el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.
El dictamen de
las comisiones de equidad de género y asuntos políticos fue aprobado con veinte
votos a favor y una abstención
Eliminar candidaturas comunes, plantea bancada de MORENA
Diputados de la
Fracción Parlamentaria de MORENA del Congreso de Baja California Sur, Héctor
Manuel Ortega Pillado, Marcelo Armenta, Humberto Cordero y Homero González
Medrano, propusieron eliminar la figura de la candidatura común para participar
en las elecciones del Estado.
Al presentar la
iniciativa para derogar la fracción IX del artículo 36 de la Constitución
Política de Baja California Sur, los legisladores pretenden homologar las
disposiciones que regulan las posibilidades de los partidos políticos para
participar en las elecciones a nivel federal con la local.
En su exposición
de motivos, los iniciadores señalan que la razón de esta iniciativa de reforma
constitucional, permitirá que sean los ciudadanos a través de su voto, quienes
determinen sí un partido obtiene su registro, obtiene o no representantes, o recibe
o no financiamiento público para sus actividades.
Señalaron que ya
no se trata tener partidos construidos artificialmente, que gozaban de
candidaturas, recursos públicos y representantes en las cámaras.
Hoy se trata de
un sistema de competencia electoral, donde el voto ciudadano decide cuál partido
mantiene su registro para participar en la vida pública; cuál recibe
financiamiento público, de acuerdo a su arraigo entre los ciudadanos; y cuántos
diputados o regidores pueden obtener de acuerdo con los votos recibidos.
Por lo tanto,
concluyeron, serán los votos de los
ciudadanos los que determinen la vigencia de un partido político.
Propuso Milena Quiroga que estado y municipios avisen al Congreso
cuando contraten créditos de corto plazo
La diputada
Milena Quiroga Romero presentó la iniciativa con proyecto de decreto que
pretende que el Gobierno del Estado y los cinco Municipios de Baja California
Sur den aviso al Congreso local cuando se requiera un financiamiento con
cualquier entidad bancaria, ya que actualmente la Ley de Deuda Pública vigente
no contempla esta situación, lo que ha propiciado que se incremente la deuda
pública con la contratación de este tipo de créditos.
Quiroga Romero
enfatizó que “particularmente se sugiere adicionar un artículo 22 bis a la Ley
de Deuda Pública para hacer posible que el Poder Ejecutivo o los Municipios,
según corresponda, estén obligados a dar aviso al Congreso del Estado cuando
contraten un financiamiento a corto plazo dentro de los cinco días naturales
posteriores a dicha contratación”.
En lo que refiere
al artículo 56 bis, el documento presentado por la diputada Milena Quiroga
refiere que consiste en establecer a nivel de ley que el Registro de
Financiamientos y Obligaciones del Estado de Baja California Sur se publique a
través de la página oficial de Internet de la Secretaría de Finanzas y
Administración para que pueda ser consultado por cualquier persona que tenga
interés, ya que en la actualidad el registro no se publica, lo obstaculiza y
complica la difusión y conocimiento de la información contenida en dicho
registro.
“Con esta
propuesta buscamos favorecer la transparencia y la rendición de cuentas, ya que
finalmente la contratación de estos créditos se solventa con recursos públicos,
por lo que resulta necesario enterar a la ciudadanía de su contratación”,
finalizó Quiroga Romero.
Todos los niveles educativos serán obligatorios en Baja California
Sur
Con
modificaciones a los artículos 10 y 22 de la Constitución Política de Baja
California Sur, el Congreso del Estado aprobó que todos los niveles educativos
desde la educación inicial hasta la superior sean consideradas como
obligatorias para el Estado de Baja California Sur.
La iniciativa,
presentada por el diputado Esteban Ojeda Ramírez y las diputadas Petra Juárez y
Mercedes Maciel busca armonizar la nueva Ley General de Educación para Baja
California Sur, aprobada el pasado 15 de mayo con la Ley Federal de Educación
que reemplazó la Reforma Educativa del sexenio pasado.
La iniciativa fue
aprobada en todos sus términos en lo general y en lo particular.
El artículo 10 de
la Constitución de Baja California Sur señala que “todos los habitantes del
Estado tienen el derecho inalienable de recibir educación. El Estado y
Municipios impartirán educación inicial, preescolar, primaria, secundaria,
media superior y superior”.
La educación que
impartan el Estado y Municipios se basarán en el respeto irrestricto a la
dignidad de las personas, con enfoque de derechos humanos y de igual
sustantiva; será además, laica, democrática, nacional, equitativa, inclusiva,
intercultural, integral, científica y popular, atendiendo en todo los
postulados del artículo tercero de la Constitucional General.
Homologaron principio de paridad de género en normas de BCS
El Congreso del
Estado aprobó diversas reformas a la Constitución Estatal y diversas leyes
estatales, entre ellas la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el
Estado de Baja California Sur, para garantizar la paridad de género en todos
los niveles de gobierno y poderes del Estado. En el caso de los cargos de
elección popular deberán tomarse en cuenta en la selección de representantes de
partidos como en las nuevas administraciones.
La comisión de
puntos constitucionales y de justicia integrada por las diputadas Petra Juárez
Maceda y Sandra Moreno y por el Homero González Medrano, presentó el dictamen
de tres importantes iniciativas presentadas en diferentes ocasiones por el
diputado José Luis Perpuli (PAN), las diputadas María Petra Juárez Maceda,
María Rosalba Rodríguez López, Milena Paola Quiroga Romero, Soledad Saldaña
Bañalez (sin partido) y los diputados Esteban Ojeda Ramírez, Humberto Arce
Cordero, Marcelo Armenta (MORENA) así como del ciudadano Enrique Arturo
Mayorquín, en materia de paridad de género en todos los niveles de gobierno y
poderes del Estado, la cual fue dispensada y sometida a votación.
La observancia
del principio de paridad de género será aplicable a quiénes tomen posesión de
su encargo, a partir del proceso electoral local siguiente a la entrada en vigor
del decreto. En cuanto a las autoridades que no se renuevan mediante procesos
electorales, su integración, elección y designación habrá de realizarse de
manera progresiva a partir de las nuevas designaciones, elecciones y
nombramientos que correspondan.
En las reformas a
la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado añade como tercer
instrumento de la política estatal en materia de igualdad entre mujeres y
hombres “la observancia en materia de Igualdad entre mujeres y hombres”.
Con la iniciativa
del diputado Perpuli se armoniza el marco estatal con el federal, se hacen
cambios para incluir el lenguaje con perspectiva de género que en los textos
legales se refiera a ambos géneros y no sólo a uno, por ejemplo, comisionada y
comisionado, consejera o consejero, magistrada o magistrado, diputada o
diputado, etcétera. Y por otro lado modificó también la redacción de la Ley de
Participación ciudadana en el mismo tenor y garantizando el principio de
paridad en diferentes cargos.
En el caso de la
segunda iniciativa presentada por integrantes del Grupo Parlamentario de
MORENA, abarca en el mismo sentido de paridad, la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, Ley del Sistema Anticorrupción, Ley del Sistema de
Medios de Inpugnación en materia Electoral, Ley Orgánica Municipal y Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, todas del Estado.
En tanto que la
propuesta ciudadana presentada por Enrique Mayorquín para que en el Gobierno
del Estado, los Ayuntamientos y el Poder Judicial se garantice la paridad de
género, reformó la Ley Orgánica Municipal para quedar como sigue: “Artículo 17:
Tanto en la integración del ayuntamiento como en la conformación del gabinete
de primer nivel de la administración pública municipal, deberá observarse el
principio de paridad de género, que se refiere a la integración cuantitativa
igualitaria entre mujeres y hombres, así como a los subdelegados de las
demarcaciones territoriales del municipio, deberá observarse el principio de
paridad de género, que se refiere a la integración cuantitativa igualitaria
entre mujeres y hombres”, en el mismo tenor se reformaron los marcos
legislativos del poder judicial.
Ayuntamiento de La Paz no comprobó 110 MDP en 2018
En sesión pública
ordinaria del Congreso del Estado, el presidente de la Comisión Permanente de
Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, diputado Carlos José Van Wormer
Ruiz, leyó el resultado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta
pública 2018 del Ayuntamiento de La Paz, que no fue aprobado por no justificar
el uso de 110 millones 34 mil 227 pesos con 18 centavos, de recursos públicos.
Van Wormer aclaró
que “en la cuenta pública 2018 del Ayuntamiento de La Paz, hubo cambio de
administración y fue a finales de septiembre cuando Rubén Muñoz tomó protesta,
es decir que su responsabilidad es del primero de octubre al 31 de diciembre.
Por lo que Armando Martínez Vega es el responsable de la gran mayoría de esta
cuenta pública”.
Dijo también que
la cuenta pública en mención, “deja mucho que decir y revisar”, y es que de las
102 solicitudes de aclaración que no fueron resueltas, 18 corresponden a la
rama de obras públicas que se traducen en 41 millones 362 mil 866 pesos con 42
centavos.
Es por la falta
de transparencia de los recursos públicos ejercidos en el último año de
administración del panista Armando Martínez Vega, que la XV Legislatura de Baja
California Sur considera no aprueba las cuentas del Ayuntamiento de La Paz
correspondiente al ejercicio fiscal 2018.
De igual manera,
en el informe entregado por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior
del Estado, no fue aprobada la Cuenta Pública del Ayuntamiento de Los Cabos de
2018, por no comprobar el destino de Mil 205 millones 469 mil 20 pesos con 48
centavos, de los cuales más de 38 millones son de obra pública.
Es importante
aclarar que de la cuenta pública del 2018, 9 meses competen a la administración
del panista Arturo de la Rosa Escalante y 3 meses a la morenista Armida Castro
Guzmán.
Será en próximas
sesiones cuando realicen la lectura al proyecto de decreto y los diputados
discutan los resultados negativos de las cuentas públicas.
Por otro lado,
fueron aprobadas las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2018 del H. Tribunal
Superior de Justicia de BCS y del Tribunal Estatal Electoral, los cuales
únicamente no solventaron dos y una observación, respectivamente.
Asignó Congreso del Estado presupuesto para 11 obras públicas
Al dar
seguimiento a la gestión de obras de beneficio para la comunidad a las que el
Congreso del Estado destinó recursos en el presupuesto de egresos del gobierno
de la entidad para el 2020, el presidente de la comisión de asuntos fiscales y
administrativos de la XV Legislatura, Ramiro Ruiz Flores dio a conocer que tras
sostener una video conferencia con el Subsecretario de Planeación Urbana
Infraestructura y Movilidad, Erick Morales de la Peña, le informaron que el
proceso de las obras tiene un buen grado
de avance, ya que se cuenta con los expedientes técnicos correspondientes.
El funcionario
estatal explicó que son un total de nueve vialidades y dos parques las obras
que se atenderán en los municipios de La Paz y Los Cabos por parte de la
dependencia con los recursos reasignados por el Congreso del Estado; mencionó
que en este programa están contempladas la prolongación de Avenida La Paz en su
entrada al Instituto Tecnológico de La Paz; la calle Puesta del Sol entre
Aquiles Serdán y Calle del Desierto; la calle Independencia entre Zapata y
Cabildo; la calle Lateral a Los Planes entre Damián y Libramiento Daniel
Roldan; así como la calle Francisco King de Ignacio Ramírez a Gómez Farías.
Morales de la
Peña manifestó que en los expedientes de las obras se contemplan banquetas,
guarniciones, saneamiento, es decir agua potable y alcantarillado, y alumbrado
público, señalamiento horizontal y vertical, “porque es parte de nuestra
política como Gobierno del estado
entregar obras de calidad totalmente concluidas que beneficien a la comunidad”.
El diputado Ramiro
Ruiz dijo que en sus recorridos por las
colonias de La Paz, en el diálogo con los vecinos “recibo todos los días
solicitudes de realización de obras de beneficio comunitario, las cuales
tomamos en cuenta y desde nuestro ámbito de competencia buscamos los recursos
para la atención de las familias; en este caso tenemos la posibilidad de
etiquetar recursos en el presupuesto de egresos y es lo que hicimos para el
presente año”.
Puso como ejemplo
de compromiso social la realización de
las obras de la Avenida La Paz, la calle Puesta del Sol y la Independencia
entre Zapata y Cabildo, “obras muy solicitadas por los vecinos y vecinas que
muy pronto serán una realidad.”.
Ruiz Flores
añadió que es responsabilidad del Congreso del Estado aprobar el Presupuesto de
Egresos del Gobierno del Estado cada año “y en estos dos últimos ejercicios
fiscales hemos reasignado más de 360 millones a obras sociales, porque estoy
plenamente convencido de que como servidor público tenemos que darle la más
amplia función a los recursos que son de los sudcalifornianos”.
Propuso diputado Perpuli
creación del Premio al Deporte Municipal
Para reconocer el
esfuerzo y trabajo de los deportistas que debe ser un aliciente para promover
la salud física y mental de la población, el diputado José Luis Perpuli Drew
presentó una iniciativa para la creación del premio municipal al deporte.
Lo anterior a
iniciativa del cronista deportivo de BCSPORT.MX Xavier Pérez, quien le propuso
al diputado instituir este premio en los municipios con el propósito de que la
práctica deportiva sea una realidad
entre los sudcalifornianos que habitan barrios, colonias, distritos,
comunidades, rancherías y campos pesqueros.
“Consideramos que
desde el ámbito municipal, se debe seguir impulsando y fortaleciendo a nuestros
talentos locales deportivos, y al mismo tiempo
encontrar y preparar a la
siguiente generación de deportistas para que nuestro Estado siga significándose
como un semillero de deportistas de talla nacional e internacional en las
diferentes ramas”.
Durante su
intervención en tribuna, el legislador pidió un minuto de aplausos, como
reconocimiento póstumo al entrenador Yunieski Hernández Sánchez, quien
lamentablemente falleció a finales del mes de mayo del presente año.
La propuesta de
Perpuli Drew, implica la adición al párrafo segundo del artículo 42 de la Ley
de Cultura Física y Deporte de Baja California Sur.
Desde tribuna el
representante popular originario de Loreto, enfatizó que si la sociedad y
gobierno unen esfuerzos y presupuestos en apoyo de la práctica deportiva se
logrará prevenir la violencia infantil y juvenil, evitando que pueda ser presa
en un futuro de quienes se encargan de
trastocar la estabilidad y paz social de nuestros pueblos.
También acotó los
beneficios de practicar y promover el deporte, que fortalece la salud física y
emocional, hace a quienes lo practican disciplinados, forja su carácter, aleja
de vicios nocivos para la salud y durante esta pandemia, se ha demostrado que,
al contraer el coronavirus 19 los pacientes tienen menos posibilidades de
agravarse.
Propuso diputada del PT mayor indemnización a afectados por
accidentes de transporte público
Proteger de
manera justa, proporcional y efectiva a los afectados en accidentes de
transporte público propone la diputada María Mercedes Maciel Ortiz en su
iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el artículo 1820
del Código Civil para el Estado de Baja California Sur, misma que fue
presentada en la sesión pública ordinaria del 16 de junio.
Para tal efecto,
la legisladora del Partido del Trabajo propone adecuar el Código Civil de Baja
California Sur tal y como se hizo en el Código Civil Federal y la Ley Federal
de Trabajo a fin de que el monto de
indemnización pase de 274 mil 540.80 pesos a 439 mil 612.80 pesos lo cual
representa un aumento considerable, pero sin llegar a la distorsión de la ley
vigente, que permite no sólo discrepancias entre distintos ordenamientos en el
Estado y con relación a los federales, sino constantes litigios por la
discrepancia entre el Código Civil Federal con el local.
La iniciativa
también propone reformar la fracción VII del artículo 35 de la Ley de
Transporte para Baja California Sur a fin de que los titulares de las
concesiones para explotar el servicio público de transporte estén obligados,
además, a contar con seguro del viajero y en su caso seguro de daños a terceros
contratado con una institución nacional de seguros y fianzas o sociedad
mutualista; o en su caso contar con garantía solidaria de fondo autorizado por
la Dirección General de Autotransporte Federal de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes.
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