Con el propósito de evadir el cumplimiento de diversas leyes y
reglamentos que regulan la construcción de obras públicas del Gobierno federal,
el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto violatorio del
orden jurídico constitucional que debe quedar sin efecto, señaló la senadora
Lupita Saldaña Cisneros.
El decreto que entró en vigor el pasado 22 de noviembre incita a violar
la legalidad para no cumplir con permisos, licencias y autorizaciones y demás
trámites administrativos rigurosamente normados en nuestro marco jurídico para
la ejecución de dichos proyectos, advirtió.
Subrayó que al declarar todas las obras del Gobierno federal de interés
público y seguridad nacional, el Presidente abre la posibilidad de que las
adjudicaciones directas sean la regla y no la excepción, además de que busca
denegar la información que se solicite sobre sus proyectos con el pretexto
estar clasificada como reservada.
Lo anterior representa un acto arbitrario que refleja el desprecio por
la ley y constituye una argucia legal para evitar dar a conocer pormenores de
las obras en los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero,
fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías
férreas, ferrocarriles, energético, puertos y aeropuertos, apuntó.
Con este motivo la senadora panista por Baja California Sur expuso que
toda la información asociada a las megaobras del Tren Maya, la refinería de Dos
Bocas y el aeropuerto de Felipe Ángeles quedará encubierta y reservada,
generando una gran opacidad y un incentivo para cometer actos de corrupción.
Agregó que el decreto también viola diversos derechos humanos
establecidos en la Constitución y en tratados internacionales de los que México
es parte, los cuales tienen como objetivo proteger la salud de la población y
procurar un medio ambiente sano, lo que no podrá garantizarse si se omite la
evaluación de impacto ambiental de cada obra.
De igual manera se hacen a un lado disposiciones legales que al
Presidente le estorban, como son la consulta pública a las comunidades
afectadas por sus proyectos, así como las relativas al cambio de uso de suelo
de terrenos forestales, manifestó.
“Este es el grado de ilicitud que promueve López Obrador a través de su
decreto, llevar adelante sus proyectos sin cumplir la ley, porque según él sus
obras son de interés público y seguridad nacional y están por encima de la
ley”, recalcó.
Lupita Saldaña consideró que la desesperación lo ha llevado a emitir el
decreto a pesar de que violenta la Constitución, misma a la que juró cumplir y
hacer cumplir al asumir el cargo, por lo que le instó a reconsiderar su
decisión para dejarlo sin efecto cuanto antes.
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