El Pleno del Congreso de Baja
California Sur analiza desde hoy iniciativa con proyecto de decreto, para crear
el Instituto Estatal de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos del Estado de
Baja California Sur”, presentada por la diputada Eufrocina López Velazco,
representante del VIII distrito local y presidenta de la Comisión Permanente de
Derechos Humanos y Asuntos Indígenas en la XVI Legislatura.
Lo anterior, lleva como propósito reconocer
en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur
el Instituto Estatal de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, así como en los
ayuntamientos del Estado, derechos estipulados en la Constitución Política
Local, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los
tratados internacionales en los que México forma parte.
El contenido de la Iniciativa que se
asignó a las Comisiones de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas, versa sobre
los logros, las reivindicaciones y las aspiraciones históricas de los pueblos
indígenas y afromexicanos, con el objetivo de adecuar y armonizar nuestra norma
constitucional a los estándares internacionales en la materia y transformar las
actuales estructuras normativas e institucionales del Estado mexicano para
atender y resolver los graves problemas de marginación, pobreza, exclusión,
racismo y discriminación que padecen dichos pueblos.
En la exposición de motivos, la
luchadora social, enfatizó que la iniciativa presentada este martes en tribuna,
deja atrás cualquier idea de tutelaje o suplantación de la voluntad de los
pueblos y se funda en el ejercicio pleno del derecho de libre determinación y
autonomía, reconociendo su carácter de sujetos de derecho público, lo que les
permitirá volver realidad sus propios ideales de desarrollo, decidir libremente
sobre sus tierras, territorios y recursos naturales y fortalecer sus culturas,
lenguas, principios y valores comunitarios.
“El reconocimiento de los pueblos y
las comunidades indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, con
personalidad jurídica, modifica sustantivamente el
paradigma de ver a los indígenas como menores a los que hay que proteger o
tutelar; en contraste, se crean las condiciones para que sean sujetos de su
propio desarrollo, a partir de sus formas de gobierno y organización,
respetando plenamente sus derechos reconocidos en el ámbito internacional”.
La legisladora, reconoció que el
establecerse la comunidad indígena y afromexicana en esta entidad han traído
consigo una riqueza cultural y al mismo tiempo el reconocimiento de sus
derechos más elementales establecidos en el artículo 7 Bis. Párrafo séptimo y
octavo que a la letra dice “para promover la igual de oportunidades de los
indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, el estado y los
municipios establecerán las instituciones y las políticas públicas requeridas
para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo
integral de sus pueblos y comunidades, las cuales tendrán que ser diseñadas y
operadas conjuntamente con ellos en los términos del artículo segundo
constitucional y la ley de la materia.
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