Por Raymundo León
La Paz, BCS, 11 de mayo.- El gobierno de Baja California Sur tiene como meta la regularización de 30 mil vehículos con estancia ilegal en el estado, informó la secretaria de Finanzas, Bertha Montaño Cota.
Mencionó que desde marzo, cuando comenzó el
programa en el municipio de La Paz, se han regularizado 1,622 vehículos, una
cifra que se espera aumentar de forma importante al entrar en operación los módulos
de Los Cabos, Comondú, Loreto y Mulegé, a partir del 16 de mayo.
Puntualizó que el personal del gobierno del
estado será respaldado por los ayuntamientos para poder regularizar un mayor
número de vehículos en los módulos que estarán abiertos hasta el 20 de
septiembre.
Autoridades del Registro Público Vehicular
y de la Dirección de Ingresos del estado informaron los requisitos del
procedimiento para la regularización y el emplacamiento de los vehículos, el
cual tiene una duración de 15 minutos en promedio y un costo de 4,500 pesos, 2,500
de los cuales corresponden a la legalización y 2,000 al pago de placas y
revista vehicular.
Además las personas de la tercera edad y
discapacitados tienen un descuento del 50 por ciento en este último pago.
Precisaron que de acuerdo con el decreto presidencial
los vehículos que se pueden regularizar son aquellos que ingresaron al país
antes del 19 de octubre del 2021, modelos 2016 y anteriores que no sean de
lujo.
Abundaron que hoy se tramitan alrededor de
60 vehículos por día en el patio fiscal de Chametla en La Paz, pero a partir del lunes abrirán los
módulos de San José del Cabo, Cabo San Lucas, Ciudad Constitución, Loreto y
Santa Rosalía.
Bertha Montaño dijo que los recursos de la regularización,
es decir los 2,500 pesos que se depositan directamente a la tesorería de la
federación, serán regresados a los municipios, a través del estado, a final de
año, para obras de pavimentación y reparación de calles.
Respecto a los vehículos que no sean
regularizados en el plazo establecido por las autoridades federales, indicó que
desconoce qué sucederá, pero es probable que se endurezcan las acciones de fiscalización.
Recordó que este proceso tiene como origen
la atención del problema de seguridad que representan los carros ilegales, que
son alrededor de dos millones en México, y evitar la competencia desleal en el
mercado automotriz, por lo que será la federación la que marque la ruta a
seguir después del 20 de septiembre.
Exhortó a quienes tienen vehículos irregulares
a que se acerquen a los módulos, porque el único facultado para darle certeza legal
a este patrimonio es el gobierno federal.






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