En relación a las aportaciones recibidas a través del FASP en el año 2022
El secretario General de
Gobierno, Homero Davis Castro, asistió en representación del gobernador Víctor
Manuel Castro Cosío, a la reunión regional del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP), de la zona norte del país, encabezada por el secretario de
Gobernación Adán Augusto López Hernández y celebrada en Monterrey, Nuevo León,
en la que se firmó el convenio de coordinación del Fondo de Aportaciones para
la Seguridad Pública (FASP), entre la Federación y los estados, donde Baja
California Sur, recibió un incremento del 10 por ciento de estos recursos, en relación
al año 2022.
Recordó que en el mes de
enero, se participó en las mesas de trabajo donde las áreas de seguridad
pública y justicia de la entidad, presentaron el proyecto en estas materias,
mismo que fue validado por el SESNSP, y que representa una inversión conjunta
entre los gobiernos federal y estatal para este 2023, de 296 millones 799 mil
655 pesos, es decir, 10% más en comparación con el 2022, cuando se tuvo una
aportación bipartita por 269 millones 817 mil 868 pesos.
“La tranquilidad de nuestra
gente y de quienes nos visitan, no sólo es una prioridad y obligación del
Estado en su conjunto, sino que es un elemento fundamental para seguir
transformando a nuestras comunidades; ya que tener seguridad, repercute en
todos los ámbitos de la vida, al tiempo que contribuye al desarrollo social y
económico de Sudcalifornia, que a su vez se traduce en el bienestar de todas y
todos”, aseguró el secretario General de Gobierno.
Davis Castro mencionó que se
reforzará la estrategia interinstitucional que se implementa en los 5
municipios a través de la Mesa de Seguridad, donde participan fuerzas armadas e
instituciones de seguridad y justicia de BCS, contando con la colaboración de
los Ayuntamientos, así como con la participación de los sectores sociales y
empresarial, en lo referente a la prevención del delito.
En el marco de este encuentro,
se analizaron las acciones y programas que se fortalecerán para dar
cumplimiento al Plan Nacional de Seguridad y su vinculación con los planes
estatales establecidos en este renglón, principalmente los relacionados con
profesionalización, control de confianza, centros de atención de emergencias
(9.1.1. y 089), atención a la violencia contra las mujeres, investigación
forense y pericial, modelo nacional de policía y justicia cívica, así como las
unidades de inteligencia patrimonial y económica.
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