Buscando promover y hacer efectiva la incorporación de la perspectiva de género
en el ciclo de la política presupuestaria, la Comisión de Igualdad de Género,
presentó una iniciativa con proyecto de decreto, que propone que la
administración de los recursos se realice con base en criterios de legalidad,
honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad,
transparencia, control, rendición de cuentas y perspectiva de género, ya que
como se diseña actualmente, dificulta no sólo encontrar las asignaciones, sino
además, visibilizar la aplicación y desempeño de los distintos programas
presupuestarios bajo su responsabilidad.
La presidenta de la Comisión, diputada María Luisa Ojeda González, presentó en
tribuna este martes 03 de octubre dicha iniciativa, argumentando que, desde la
planeación y elaboración del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado,
debe permitir fortalecer la asignación presupuestaria progresiva con enfoque de
género y de derechos humanos y a hacer posible la evaluación y un seguimiento
minucioso que contribuya a identificar oportunidades de mejora de los recursos
para las acciones, programas.
“El presupuesto público es uno de los instrumentos de política pública más
importantes, ya que en este se reflejan las prioridades reales del Estado,
adujo la representante del Partido del Sol Azteca, por ello, considera
incorporar la perspectiva de género en las diferentes fases del ciclo
presupuestario, ya que de continuar como está actualmente “el presupuesto
continuaría actuando como factor reproductor de las desigualdades de género y
contribuiría a que persista y, probablemente, a que se agrave la situación
desfavorable de las mujeres en la sociedad”, fustigó.
Así mismo, su propuesta incluye cambiar el concepto de equidad de género por
igualdad de género establecido en el Artículo 1 de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Baja California Sur, ya que, el
primero hace referencia a un imperativo ético asociado a la distribución
“justa” de recursos y beneficios entre mujeres y hombres conforme a normas y
valores culturales, en tanto que la igualdad, es un derecho humano universal e
inalienable y alude a la igualdad de derechos, responsabilidades, oportunidades
y resultados para mujeres y hombres, atendiendo a la diversidad de los grupos
existentes.
En adición, es una norma de carácter internacional que no admite pactos en
contario, pues el Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, mejor conocida por sus siglas en
inglés como CEDAW, exhortó y recomendó al Estado Mexicano en el año 2006, que
en los planes y programas utilice sistemáticamente el término de “igualdad”,
toda vez que asegura la igualdad de hecho y derecho entre mujeres y hombres.
En ese mismo sentido, la iniciativa propone adicionar un párrafo al artículo 3
mediante el cual se señale que el gasto público estatal deberá administrarse y
ejercerse con perspectiva de género, en observancia a los criterios ya
establecidos como el de legalidad, honestidad, eficiencia, economía,
austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.
“Consideramos también, adicionar las fracciones tercera y cuarta a los
artículos 33 y 34 respectivamente, donde se establecen los mínimos de la
estructura programática que deberá llevar el anteproyecto de presupuesto, para
que se incluyan las acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres,
la erradicación de la violencia de género y cualquier forma discriminación de
género”, concluyó la legisladora.






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