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| Gabinete financiero de Baja California Sur |
Al instalar el Gabinete Financiero y de Control, el
secretario de Finanzas y Administración, Isidro Jordán Moyrón, señaló que el
reto para el ejercicio de las finanzas públicas durante 2019 será ejercer un
mayor control y mejorar la gestión del presupuesto con que cuenta el Estado y
mantener en positivo las principales calificaciones e indicadores de la
situación financiera, lo que refleja la estabilidad de las finanzas públicas.
Durante la instalación del gabinete que encabezó el
secretario General de Gobierno, Álvaro de la Peña Angulo acompañado por Joel
Ávila Aguilar, jefe de
la Oficina de Planeación, Evaluación y Promoción de Políticas Públicas, Jordán
Moyrón recordó la responsabilidad de los integrantes del mismo dar seguimiento a la adecuada gestión del
presupuesto 2019, así como presentar, junto con la Contraloría General del
Estado, un informe periódico de que los recursos autorizados a los distintos
ejecutores del gasto, se apliquen de conformidad con la normatividad vigente.
El secretario de Finanzas expresó su compromiso de
continuar manejando con toda responsabilidad y transparencia el recurso
público, como ha sido durante esta administración, y recordó que en 2018 las
finanzas estatales fueron calificadas con bajo riesgo de incumplimiento de sus
deberes.
Destacó que en el tercer año de administración se
lograron altas calificaciones de las calificadoras Fitch Ratings A+(mex) y HR
Ratings HRA+, siendo los dos niveles más elevados que la entidad ha obtenido en
su historia.
Jordán Moyrón comentó que las acciones en materia
de gestión y administración han impactado positivamente sobre el desempeño
financiero, las actualizaciones leales, el nivel de transparencia y la
oportunidad en la publicación de información financiera, además de una
favorable evolución de los ingresos y el manejo responsable de la deuda
pública, ha permitido que ésta no se haya incrementado.
El coordinador del Gabinete Financiero y de Control
explicó que la tarea principal será analizar y evaluar políticas públicas,
programas institucionales, estrategias y acciones que sean competencia
concurrente o que en su ejercicio e implementación se tenga la participación de
diversas dependencias o entidades gubernamentales
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