El Congreso del Estado de Baja
California Sur turnó a la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de
Justicia y de Igualdad de Género, una iniciativa
ciudadana para adicionar a la Ley de Responsabilidades Administrativas del
Estado y Municipios de Baja California Sur; con la finalidad de responsabilizar
con falta administrativa grave al servidor público que por actos, omisiones o
negligencia, obstaculice, retrase o impida de manera injustificada la
activación de la alerta Amber o del Protocolo Alba, de personas desaparecidas.
En su exposición de motivos el
suscrito Oscar Alberto Leyva, señaló que para dimensionar el sentido de la
iniciativa así como la gravedad del problema de la violencia desmedida que
sufren, niñas y mujeres en el país, detalló que en México cada 24 horas
desaparecen 7 niñas, niños y adolescentes; en promedio se estima que entre 10 y
11 mujeres son víctimas de feminicidio, además, dijo, cada 24 horas se
registran 25 denuncias de violencia familiar, mientras que el 77% de las
mujeres han manifestado ser víctimas de acoso sexual y un 87.2% víctimas de violencia digital;
resaltó que Baja California Sur ocupa el décimo lugar con mayor número de
personas desaparecidas.
Añadió que en la práctica del día a
día los ciudadanos que denuncian una desaparición, violencia doméstica, abuso
sexual y/o digital, se les pide esperar un lapso de 24 horas para tener
presentar la denuncia, a los familiares de desaparecidos, malos tratos y formas
insensibles ante la angustia y desesperación de los mismos, además de padecer
de las malas praxis de algunos
servidores públicos que no ejercer su deber como debiese.
Por lo anterior, resaltó la
importancia de actuar de manera inmediata por parte de las autoridades con
facultades para erradicar la violencia contra las mujeres, incluyendo la
búsqueda y localización de las niñas y mujeres víctimas de desaparición toda
vez que en la mayoría de los casos es la capacidad de respuesta que determina
la vida o la muerte de una persona desaparecida.
“… se considera que las negligencias, vicios
o retrasos en las investigaciones son una forma grave de obstrucción de la justicia
que está ya debidamente sancionada en la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado, porque deja abierta la posibilidad de deslindar
responsabilidades, por ello se busca que se tipifique como una falta grave”
El suscrito expuso que la iniciativa
presentada también se fundamenta en lo señalado por la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) referente a la importancia de contar con personal
debidamente capacitado y sensibilizado con perspectiva de género y derechos
humanos para que realicen las debidas diligencias en los casos de desaparición
sobre todo en niñas y mujeres
La iniciativa de reforma se turnó a
las comisiones unidad de Puntos Constituciones y de Justicia y de Igualdad de
Género para su análisis y dictamen.
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