El Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó elevar penas para castigar el delito de extorsión en la entidad; se aumentan las hipótesis en las que el delito puede agravarse, las cuales no existían en la legislación vigente.
La Comisión Permanente de
Derechos Humanos que preside la Diputada
Petra Juárez presentó el dictamen a la
iniciativa presentada por el diputado José Luis Perpuli Drew, el cual fue
avalado con el voto aprobatorio de la asamblea.
En ese contexto, una vez entrada
en vigor la reforma, la penalidad aumentará hasta en un tercio para quienes al
momento de extorsionar se ostenten como miembros de una banda delictiva; cuando
realicen la extorsión desde un centro de reinserción social; cuando se trate
del cobro de cuotas, y cuando exista un vínculo afectivo o de parentesco del
extorsionador con la víctima.
Así mismo, la pena aumentará
hasta en una mitad cuando sea cometido por algún miembro de las policías
municipales, estatal, ministerial, custodios, así como de una institución de
impartición de justicia, o de ejecución de penas, o, de una empresa de
seguridad privada.
Esta última agravante tampoco
existe en el Código Penal vigente, determina en este caso, que se impondrá la destitución del empleo, cargo o
comisión pública y se le inhabilitará hasta por ocho años para desempeñarlo
nuevamente y se le suspenderá hasta por ocho años el derecho para ejercer
actividades en corporaciones de seguridad privada.
De acuerdo a la iniciativa, la
reforma otorga elementos necesarios para castigar esta conducta que afecta el
patrimonio de las personas quienes son víctimas.
Cabe precisar que antes de la
reforma, las penas que se aplican a la extorsión simple, es de cinco a quince
años de prisión y multa hasta quinientos días, las cuales aumentarán hasta en
un tercio y una mitad cuando el delito se comete con agravantes
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