‘‘Todo servidor público está obligado a presentar su declaración patrimonial, es un compromiso con la transparencia’’: Contralora Municipal de Los Cabos

 

 

Para refrendar el compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, así como el buen desempeño dentro del marco de la Ley General Administrativa, el XIV Ayuntamiento de Los Cabos a través de la Controlaría Municipal ha desarrollado acciones dirigidas a que las y los servidores públicos cumplan con el deber de presentar su declaración patrimonial.

 

Al respecto, la controla municipal Lorena Berber Holguín, indicó que este 31 de mayo vence el plazo para que todo el personal que se desempeña en la función pública, sin excepción alguna, concluya y presente este trámite el cual es de carácter obligatorio y tiene por objetivo supervisar que no se registren actos de corrupción, así como verificar los ingresos de las y los servidores al tomar el cargo y al momento de concluir el mismo.

 

En ese sentido, Berber Holguín acentuó que anticipadamente la Contraloría instruyó a encargados de cada una de las áreas municipales con el fin de notificar en tiempo y forma a su personal en torno a los requerimientos de la declaración patrimonial, además de generar los medios de conexión y enlaces digitales necesarios para guiar y facilitar los procesos.

 

‘‘La Contraloría cuenta con una Coordinación Anticorrupción y anticipadamente se estuvieron enviando las circulares a cada una de las dependencias para dar aviso que en el mes de mayo se deben presentar las declaraciones patrimoniales, anteriormente presentaban la declaración solo servidores de primer nivel o directores generales, pero, hoy en día todo el personal de la Administración Pública está obligado a hacerlo, para ello se realizaron capacitaciones a través de enlaces con el objetivo de agilizar y facilitar los procedimientos, esto para dar certeza al compromiso con la transparencia’’, señaló la contralora municipal.

 

Finalmente remarcó que una vez que concluya el plazo para realizar este trámite, en un periodo no mayor a 60 días se verifica la información aportada, en tanto que las y los servidores públicos que no hayan cumplido con su deber serán notificados, en caso de ignorar el aviso se abrirá un procedimiento cuyas consecuencias pueden conllevar a una multa económica, suspensión e inhabilitación del cargo, dependiendo la gravedad del caso.