El Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó por mayoría la
armonización de su marco jurídico con la jurisprudencia de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) de 2021 para permitir la interrupción del embarazo
a las 12 semanas de gestación.
En una concurrida sesión este 02 de junio fueron aprobadas por mayoría
de 16 votos a favor y 03 en contra, reformas a los artículos 151, 152, 153, 154
del Código Penal y a los artículos 60 y 62 de la Ley de Salud del Estado de
Baja California Sur, derivado de una iniciativa ciudadana presentada por Mónica
Iris Jasís Silberg.
El dictamen fue elaborado por las comisiones de Puntos
Constitucionales y de Justicia y de Igualdad de Género, mismas que solicitaron
la dispensa de la lectura y del trámite parlamentario, el cual fue admitido por
mayoría.
La iniciadora expuso que el espíritu de esta iniciativa es modificar
el Código Penal vigente, no derogar por completo los artículos, pues, como se
ha estipulado en otros estados, se propone mantener la punición para quien
obligue a cualquier mujer a abortar sin su consentimiento. Se busca que el
Código deje de criminalizar y sancionar a las mujeres que aborten por decisión
personal y de manera libre y se busca garantizar que sea de manera segura y
gratuita para salvaguardar su integridad y salud.
El dictamen de las comisiones unidas argumentó que es imprescindible
que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como todas las
decisiones sobre sus propios cuerpos, se conviertan en un derecho de todas las
mujeres mexicanas. “No es posible que mientras unas pueden gozar plenamente de
este derecho, otras no sólo lo tengan restringido, sino que, además, sean
castigadas, criminalizadas y encarceladas”.
Refirió que en Baja California Sur entre 2020 y 2022, han sido
aperturadas 25 carpetas de investigación por lo que se considera el “delito de
aborto”.
El marco legal actual permite la interrupción del embrazo en casos de
violación o mal formación congénita del producto, con la reforma se homóloga la
legislación estatal para despenalizar la interrupción del embarazo hasta los
doce meses de gestación, argumentado en los principios de dignidad humana, la
autonomía, el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad jurídica, el
derecho a la salud (psicológica y física) y la libertad reproductiva, que
reconoció la SCJN.
POSTURAS
En la discusión, el diputado Rigoberto Mares Aguilar (PAN) al
manifestarse en contra de la dispensa de la segunda lectura y del trámite
parlamentario, cuestionó si el sector salud está en condiciones de atender la
demanda que se genere a partir de la aprobación, pues el documento no lo
contempló; afirmó que la discusión claramente va en contra de lo que debiera
ser un parlamento abierto y escuchar las diferentes voces, convocar expertos,
foros, como se dijo, “el parlamento es precisamente hablar, escuchar y tenemos
la obligación de hacerlo de cara a la gente de cara a las y los ciudadanos, y
hoy se quiere legislar sobre las rodillas”, dijo en tribuna.
El diputado Armando Martínez Vega (PAN) se manifestó también en contra
de la dispensa de la segunda lectura y trámite parlamentario por tratarse de la
preservación de la vida, pidió una tregua y que se diera a la gente la
oportunidad de que opinen “no podemos impedir que esta sesión se lleve a cabo,
lo que queremos es que vaya consensada y discutida, porque temerle a la opinión
de la gente, me da mucho gusto que sea una iniciativa ciudadana y eso lo
tenemos que enriquecer con más opiniones”.
La diputada Paz Ochoa Amador (PRI) pidió a sus homólogos hacer el
trámite parlamentario de la manera correcta, pues la iniciativa contempla temas
que requerían de atención de estudio de consideración; “como madre, como hija
como amiga jamás voy a promover el aborto ni incitar a que lo hagan”, dijo al
señalar el reconocimiento al pronunciamiento de la SCJN y la armonización
legislativa en la entidad.
El diputado Luis Armando Díaz (PT) afirmó que hay una gran deuda y un
gran rezago histórico en el reconocimiento a los derechos de las mujeres; al
manifestar su respaldo y apoyo a la dispensa solicitada hizo un llamado a sus
homólogos para que así como se defiende la vida “yo pregunto y la vida de las
mujeres no importa, las mujeres que son abusadas que sean discriminadas que son
criminalizadas y que sean mancilladas, es un derecho”.
La diputada Marbella González (FXM) argumentó a favor, destacando que
el objetivo principal es evitar que mujeres que tomen la decisión de tener que
interrumpir su embarazo, vayan a prisión; evitar que se criminalice la pobreza,
ya que en el marco jurídico actual,
quienes tienen suficiente capacidad económica solo tendrían que acudir a un
Estado donde sea legal la interrupción del embarazo o acudir a un despacho
jurídico para que por medio de un amparo, puedan solicitar la protección de la
justicia federal, en caso de que alguna institución pública negara este
servicio.
Por su parte la diputada Blanca Márquez (PAN) consideró que el
dictamen extralimitó la jurisprudencia de la SCJN, “se pretende aprobar fastrack, no se buscó el consenso ni se
socializó; yo me pregunto cuál es la urgencia de permitir y propiciar la muerte
de niñas y niños inocentes si la bandera de morena y pt es el ciudadano, que el
pueblo decida”, afirmó.
El diputado Christian Agúndez (PT) afirmó que el garantizar el pleno
ejercicio de un derecho humano a la salud reproductiva de las mujeres, niñas,
adolescentes y otras personas con capacidad de gestar sigue siendo uno de los
grandes retos para el estado, por la falta de acceso a los servicios
especializados en la interrupción del embarazo, “se trata de reconocer que la
mujer puede desplegar de estos derechos desde sus propias características en un
plano de igualdad de género que privilegia la capacidad de tomar decisiones
responsables sobre su plan de vida, integridad”, afirmó.
La diputada Guadalupe Vázquez Jacinto (Morena) expuso que la discusión
sobre el aborto no puede verse como un debate entre quienes están a favor de la
vida o en contra de ella, afirmó que el delito de aborto reduce a la mujer a un
instrumento de reproducción, orilla a una clandestinidad mortífera y termia por
castigar la pobreza, pues son las mujeres pobres las únicas que en realidad son
perseguidas y procesadas por este delito.
“Son temas complejos. Seguramente se nos vendrá encima un mundo de
señalamientos descalificándonos. No importa. Ya lo vivimos cuando salimos a
trabajar hace varias décadas. Cuando buscamos y ganamos espacios políticos”,
remató.
La diputada Eufrocina López Velasco (Morena) dijo sumarse al dictamen,
“me uno a esta iniciativa porque sé que es en pro y en defensa de mujeres que
han sufrido violación a muy corta edad”, dijo que en muchos años viviendo aquí
hemos visto que nuestros derechos humanos se han violado y nadie hace nada.
María Guadalupe Moreno Higuera (Morena) dijo que la necesidad de la
despenalización del aborto es más allá de una discusión sobre el bien jurídico
tutelado, es la libertad y la decisión sobre el propio cuerpo y la vida de las
mujeres; “nadie tiene el poder de decidir sobre nuestra propia vida y con la
apertura del aborto seguro se abre una ventana de paradigmas sociales y una
eficacia en las trampas puestas para proteger el libre acceso a la salud de las
mujeres”. Cuántas mujeres son encarceladas por la táctica de un aborto y las
mujeres en situación de desventaja social son quienes más sufren las
consecuencias de un bandidaje jurídico que no faculta a las mujeres a decidir
sobre sus propios cuerpos, precisamente por ser mujer, ya basta de que nos van
debites”.
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