La diputada Guadalupe Vázquez Jacinto presentó ante el pleno iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual propone se adicione un párrafo segundo al artículo 287 y se derogue el artículo 288 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, para que se sancione a quien cometa el delito de Enriquecimiento Ilícito, asignándosele de tres a nueve años de prisión y decomiso en beneficio del Estado de aquellos bienes cuya procedencia no se logre acreditar.
Vázquez Jacinto indicó que, derogar la declaración previa de existencia de
Enriquecimiento Ilícito emitido por la Contraloría General del Estado, evitará
que queden excluidos de ser investigados servidores públicos de los poderes
Judicial y Legislativo, así como de los ayuntamientos y órganos
constitucionales autónomos; añadió, se advierte que la responsabilidad en la
que pueden incurrir las personas servidoras públicas, pueden constituir tanto
en delitos como faltas administrativas, por lo que, no deben confundirse, al
ser sus modalidades autónomas en cuanto a los objetivos, éstos se tramitan en
diferentes vías, por diversos órganos y con distintas sanciones, sin que ello
implique una violación al principio NON BIS IN IDEM (Nadie puede ser juzgado
dos veces por los mismos hechos, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le
condene).
La iniciadora aseveró que, la reforma al Código Penal que se plantea tiene como
fin evitar actos de corrupción por parte de las y los servidores públicos no queden
impunes, “es preciso el reformar y mejorar nuestras leyes para su correcta
aplicación; es necesario implementar esta iniciativa de ley para establecer que
no se soliciten requisitos que impidan la correcta investigación de los
servidores públicos en la comisión del delito del Enriquecimiento Ilicito”.
Por último la diputada Vázquez Jacinto indicó que al eliminar las malas
prácticas en las formas de hacer gobierno abonarán a la transparencia y
correcta rendición de cuentas, cuidando del erario público para fortalecer la
confianza de los ciudadanos en las instituciones y en los servidores públicos
en un marco de promoción de la legalidad y las buenas prácticas.
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