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domingo, 7 de noviembre de 2021

Más de 100 restaurantes se perdieron en BCS por pandemia Covid-19: Lorena Hinojosa


La Paz, BCS, 7 de noviembre.- De los mil 580 restaurantes registrados el año pasado en Baja California Sur, 250 de ellos cerraron sus puertas de forma temporal o definitiva por la pandemia Covid-19, informó la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Lorena Hinojosa Oliva.

Señaló que las autoridades, al inicio de la pandemia en el estado, les dieron prórrogas de tres y cinco meses para pagar impuestos y servicios, pero eso no se puede considerar un respaldo real, por lo que la mitad de los 250 establecimientos cerrados ya no pudieron reanudar actividades.

Expresó que los bancos no les prestaron dinero, las rentas de hasta 250 mil pesos al mes “eran insufribles”, la luz y el gas no bajaron su precio y los alimentos incrementaron su costo, por lo que algunos dueños de restaurantes gastaron sus ahorros en el pago de liquidaciones de sus colaboradores; mientras que otros permanecieron abiertos o con la posibilidad de reabrir al vender y malbaratar bienes muebles e inmuebles.

Dijo que en 2020, con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, 10 mil trabajadores de la industria restaurantera perdieron sus empleos en Baja California Sur, pero a estas alturas del 2021 (con semáforo verde en los municipios de La Paz y Los Cabos, donde se concentra la mayor parte de la población del estado) se han recuperado casi todos y están a un paso de abrir nuevas plazas en el mes de diciembre.

Manifestó que los micro, pequeños y medianos empresarios, entre ellos los restauranteros, pasaron por una situación muy difícil en el estado, pero es difícil que lo puedan entender quienes tuvieron su salario seguro durante la pandemia.

Expresó que las autoridades deberían platicar con los empresarios para lograr acuerdos que permitan reactivar la economía del país, pues si bien es cierto que el salario mínimo es el más alto en la historia de México, también lo es que la comida de la canasta básica está más cara que nunca.

Mencionó que además se debe dimensionar la importancia de la industria restaurantera, pues su cadena productiva es muy grande y es la primera generadora de empleos directos e indirectos.

Lorena Hinojosa dijo que desconoce cuánto tiempo van a durar las medidas sanitarias contra el Covid-19, pero llamó a la sociedad a no bajar la guardia porque a nadie le conviene retroceder en el semáforo, y hay que seguir con los cuidados para que a nadie le falte un plato de comida en su casa.

 

sábado, 31 de julio de 2021

Rechaza CANIRAC pedir certificado de vacunación para ingresar a restaurantes: Lorena Hinojosa

 


Por Lidia Campos y Raymundo León


La Paz, BCS, 31 de julio.- La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera en Baja California Sur (Canirac) se pronunció en contra de pedir el certificado de vacunación contra el Covid-19 para poder ingresar a lugares públicos como bares y restaurantes.

Lorena Hinojosa Oliva, dirigente de la restauranteros del estado, expresó que en una reunión nacional de la Canirac el consenso fue que no iban a apoyar la iniciativa de pedir la constancia de vacunación contra el Covid-19 “porque no somos policías ni guardias para hacer ese trabajo”.

Dijo que están a favor de promover e incentivar los esquemas de vacunación, pero que no les impongan restricciones que le corresponden a la autoridad en un momento determinado.

La presidenta de Canirac en el estado dijo que la industria restaurantera local se encuentra en la “cuerda floja”, ya que la pandemia provocó el cierre de 250 establecimientos en 2020, y aunque en el primer trimestre del año 2021 comenzó la recuperación de algunos establecimientos y la recontratación de personal, en junio y julio otra vez cayeron en crisis porque el semáforo de alertas sanitarias retrocedió y las ventas disminuyeron 20 por ciento.

Puntualizó que esta semana en La Paz se acordó con el alcalde Rubén Muñoz la venta de bebidas alcohólicas en los restaurantes, siempre y cuando se acompañen con el consumo de alimentos, lo que  junto con la reapertura de playas, con un 30 por ciento de aforo, esperan mejorar la situación.

Añadió que entre las actividades económicas, el sector restaurantero ocupa el segundo lugar en la generación de empleo, pero desde que comenzó la pandemia no han recibido apoyo de las autoridades.

Mencionó que la supervivencia de los restaurantes se debe exclusivamente al empuje de los empresarios que han tenido que vender bienes muebles e inmuebles para mantener abiertos sus locales, pero el 60 por ciento de ellos tienen deudas muy fuertes con el IMSS, Infonavit, el SAT y la nómina.

Recordó que el año pasado, el gobierno federal y estatal les ofreció una prórroga de tres meses en el pago de impuestos, pero dijo que eso no es ningún apoyo y al contrario, su dirigente nacional los conminó a buscar opciones, pero no recurrir a ese respaldo porque al final se iba a convertir en una “bola de nieve” de la que sería muy difícil salir.

Expresó que la nueva normalidad en la industria restaurantera requirió de inversiones que van más allá de los tapetes, el gel, el aparato que toma la temperatura y el spray sanitizante para poder continuar; pero destacó que menos del 5 por ciento de los infectados por Covid-19 en el estado son colaboradores de esta actividad productiva, lo que refleja el cumplimiento y éxito de los protocolos sanitarios.

Puntualizó que en contraste con las restricciones, las inversiones para cumplir con los protocolos y la falta de apoyos fiscales y económicos de las autoridades, los precios de los productos de la canasta básica para la elaboración de alimentos durante la pandemia se incrementaron entre el 100 y el 300 por ciento.

Puso como ejemplo un costal de naranja proveniente de Ciudad Constitución, 200 kilómetros al norte de la ciudad de La Paz, que en este mes de una semana a otra pasó de 150 a 250 pesos.

La dirigente de los restauranteros se quejó de la inequidad de las autoridades en materia de regulaciones, pues mientras a los establecimientos formales se les exigen 120 medidas sanitarias, los que venden comida en la calle sólo les piden 10.