Por Arturo Rubio Ruiz
Entre los cambios paradigmáticos
que implica el nuevo sistema de justicia penal, destaca el énfasis que se hace
en todos los ordenamientos aplicables, al respeto irrestricto a la presunción
de inocencia.
Contrario al sistema tradicional,
en el que el indiciado era “presunto
responsable”, en el nuevo sistema el imputado es en todo momento procesal “presunto inocente”, y es tratado como
tal, en tanto y cuanto no exista una sentencia condenatoria firme, que
establezca lo contrario.
La presunción de inocencia,
figura garantista que protege al gobernado de potenciales abusos policiales o
judiciales, puede convertirse en plataforma de impunidad, cuando los operadores
del sistema realizan deficientemente su trabajo, o bien lo hacen con lentitud,
tal y como está ocurriendo actualmente en Baja California Sur, donde los
operadores del sistema encargados de la investigación de los delitos y la
integración de las carpetas respectivas, cometen pifias derivadas de su falta
de capacitación o en muchos casos, por la excesiva carga de trabajo.
En el primer caso, la solución
estriba en implementar programas de capacitación intensiva, permanente y
adecuada, lo que se ve difícil en el corto plazo, pues el gobierno estatal es
renuente a invertir en este rubro, limitándose exclusivamente a utilizar
recursos federales para ese empeño, y como no es muy eficaz en el
procedimiento, muchos recursos destinados para capacitación, simplemente se
pierden porque no son aplicados debida y oportunamente. Centenares de millones
de pesos se han dejado de aplicar, porque la administración estatal ha sido
incapaz de bajar dichos recursos.
En el segundo caso, los tiempos
procesales están rebasando la capacidad operativa de la Procuraduría de
Justicia, y por ende los plazos estimados para la judicialización de las
carpetas de investigación están muy por
encima de la media nacional.
Lo anterior permite que sujetos
señalados como perpetradores de conductas delictivas, abusen de la “presunción de inocencia” y sigan
delinquiendo pese a estar señalados e identificados por sus conductas
criminales, y existan datos de prueba suficientes para acreditar su ilegal
proceder.
Un ejemplo representativo de lo expuesto
es el de un sujeto que se hace llamar indistintamente ORLANDO ARAOZ CASTRO u
ORLANDO BRITO ACEVEDO, que se ostenta como abogado sin tener tal calidad
profesional, ni estudios ni cédula profesional para ejercer la abogacía. Se
presenta como licenciado en derecho, sobrino de un conocido empresario cabeño, -lo
que también es absolutamente falso-; dice laborar para una prestigiada firma de
abogados con sede en la capital de la República, y oferta servicios legales como
presupuesto de sus engaños fraudulentos, que van desde la obtención de una visa
para visitar la Unión Americana, compra venta de inmuebles, trámites
administrativos y judiciales de regularización de derechos posesorios y de
propiedad inmobiliaria, hasta complejos procedimientos de adopción de infantes
depositados en una inexistente casa cuna de San José del Cabo.
Pese a contar con diversas
denuncias en su contra, este sujeto continúa impunemente ofreciendo sus “servicios”, usurpando la profesión de
licenciado en derecho, utilizando como propio el apellido de un conocido
empresario cabeño con el que no tiene consanguinidad, y estafando con
cantidades que tal vez para la Procuraduría son insignificantes, pues no
rebasan la docena de miles de pesos en cada caso, pero para los defraudados
significa un grave quebranto económico, pues sus estafas van dirigidas a
personas de condición económica precaria.
Y pese a los señalamientos en su
contra, este sujeto se pasea tranquilamente en busca de más víctimas en
diversos espacios de oportunidad, sabiendo que la presunción de inocencia le permite gozar de plena impunidad, pues
en primer lugar las carpetas de investigación en su contra tardan mucho tiempo en integrarse, y en todos
los casos, cuando aparentemente un expediente se va a judicializar, simplemente
regresa parte del dinero birlado, obtiene la desestimación de la causa en su
contra, y sigue adelante, simulando, engañando y estafando a quien caiga en sus
redes fraudulentas.
En conclusión, el nuevo sistema
de justicia penal, garantista, no puede alcanzar los objetivos trazados, si los
operadores no realizan su función oportuna y eficazmente.
No es el sistema el que está
fallando, son los operadores, en particular agentes de policía y agentes del
Ministerio Público, que no siempre están debidamente capacitados, y en términos
generales integran las carpetas de investigación con excesiva lentitud, lo que
está generando enormes cotos de impunidad, como el que hemos ejemplificado, de
un falso abogado que lucra impunemente, abusando de la buena fe de sus
víctimas, sabiéndose cobijado por la presunción
de inocencia, que en su caso, se ha convertido en un manto de ominosa
impunidad.
No es el sistema el que falla,
son los operadores.
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