Por Raymundo León
Esta capital,
que fue una de las ciudades más seguras y tranquilas del país, ahora ocupa
ahora el lugar 25 entre las más violentas, de acuerdo con la Secretaría de
Gobernación. En este municipio se cometió la gran mayoría de los 201 asesinatos
reportados en Baja California Sur de enero a noviembre de 2016.
Aunque ninguna
autoridad lo ha reconocido, en medios locales y redes sociales se afirma que el
aumento de los homicidios se debe a una disputa entre cárteles por la
distribución de drogas al menudeo.
El Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó 84 homicidios
dolosos y 42 culposos en 2014; 175 dolosos y 51 culposos en 2015; y 201 dolosos
y 46 culposos entre enero y noviembre del 2016.
En los primeros
siete meses del 2016, el número de homicidios disminuyó con relación al mismo
periodo del 2015, pero a partir de agosto repuntó.
Datos del portal
CRIMENMEXICO, el cual concentra estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad
Pública y del Conapo, revelan que en noviembre se cometieron 35 homicidios
intencionales en Baja California Sur en un panorama nacional de 2018 homicidios
de este tipo, pero debido a la escasa población de esta entidad que tiene 796
mil 434 habitantes, la tasa de estos delitos por cada 100 mil habitantes fue de
52.7 por ciento, contra 19.7 del país.
Antes del 2014,
el índice de homicidios intencionales en Baja California Sur era bajo. El
número de averiguaciones previas relacionadas con homicidios dolosos en 2011
fue de 38, en 2012 de 35 y en 2013 de 56.
La escalada de
homicidios dolosos de alto impacto, vinculados al crimen organizado, comenzó el
31 de julio del 2014 cuando fueron hallados los cuerpos de tres personas ejecutadas
en la carretera a Los Planes, municipio de La Paz. A partir de esa fecha y
hasta el 21 de noviembre de ese año se registraron 43 homicidios de ese tipo y
al 21 de noviembre del 2016, la cifra alcanzó 364, de acuerdo con datos de la
Procuraduría General de Justicia del Estado.
La capital del
estado concentra la mayor parte de estas víctimas y en general de los
homicidios dolosos.
En los once
meses del 2016 se abrieron 116 averiguaciones previas y carpetas de
investigación relacionadas con homicidios intencionales, más del doble de las
registradas en 2013, según el portal CRIMENMEXICO.
No obstante la
fuente informativa advierte que en Los Cabos, noviembre presentó una tasa de
homicidios intencionales fuera de lo normal.
Las autoridades
reconocen que la escalada de violencia en La Paz y más recientemente en Los
Cabos tiene que ver con el crimen organizado, pero también con la falta de
previsión.
El secretario de
Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, en noviembre pasado, dijo que entre los
problemas de seguridad de Baja California Sur se encontraban el trasiego de
drogas por mar y tierra, la presencia del crimen organizado y el narcomenudeo.
Elogió la
coordinación entre instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno
para reducir los homicidios dolosos de alto impacto en la entidad, pero
advirtió que el gobernador Carlos Mendoza Davis encontró un estado con
estadísticas negativas porque los policías no tenían donde capacitarse, no
había revisión de elementos ni una agencia antisecuestro, de manera que parecía
que no pasaba nada y nunca iba a suceder nada.
Mendoza Davis
reconoció que la inseguridad es uno de los problemas que más preocupan a su
gobierno.
El mandatario
sudcaliforniano, quien asumió el cargo en septiembre del 2015, en el informe de
su primer año de gobierno, dado a conocer en noviembre, dijo que la violencia
generalizada en el país embistió a Baja California Sur y “lamentablemente ha
arrebatado vidas inocentes”.
Entre las
acciones para combatir la delincuencia, indicó que se reactivó el grupo de
coordinación de seguridad de Baja California Sur, integrado por las fuerzas
armadas y corporaciones policiacas de la
federación, el estado y municipios.
Como resultado,
dijo, se detuvo a 680 personas y se aseguraron 69 armas; 3,277 cartuchos; 238 kilogramos
de marihuana; 214 mil dosis de cristal y casi 100 mil de cocaína.
Mencionó que se
instalaron puntos de revisión secundaria en los principales accesos al estado, los
aeropuertos de La Paz y San José del Cabo, y el puerto de Pichilingue, lugares
en los que se detuvo
a 81 prófugos de otras entidades y se identificó a 655 individuos con registros
criminales.
En noviembre pasado, puso en
marcha el programa integral de prevención y reforzamiento de la seguridad
pública, “Vivir en Paz”, que incluye el equipamiento tecnológico por 480
millones de pesos, para instalar 150 cámaras de videovigilancia y adquirir 50
nuevas patrullas.
Anunció la creación del Sistema
de Inteligencia Financiera Estatal y una reforma a la Ley de extinción de
dominio “para debilitar el principal músculo de la delincuencia que es el
dinero”.
El aumento de homicidios en La
Paz provocó una alerta de viaje del Departamento de Estado de Estados Unidos
para esta ciudad, sin embargo, dicha medida no disminuyó el número de turistas,
informó el secretario de Turismo, Genaro Ruiz.
El empresario Eduardo Sánchez
Navarro, director del grupo Questro, dijo que el tema de seguridad es
fundamental para mantener de pie al sector turístico del estado.
Reconoció la postura del
gobernador Carlos Mendoza y los presidentes municipales de La Paz y Los Cabos de
admitir que existe un problema de violencia que se está atendiendo.
Desde que inició la escalada de
violencia en La Paz, elementos de las fuerzas armadas y corporaciones
policiacas de la federación y el estado recorren las calles de la capital
sudcaliforniana, persiste la preocupación social, pues aunque se han
desarticulado bandas criminales, hay detenidos y aseguramiento de armas y drogas,
el presunto enfrentamiento entre delincuentes, como lo revelan los
narcomensajes públicos y otros dejados en algunos cadáveres, sigue cobrando
víctimas, sobre todo de otros estados del país.
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