Por Raymundo León Verde
La Paz, BCS, 28 de octubre.- El ayuntamiento de La Paz solicitó al Congreso local juicio político en contra del ex presidente municipal priista Francisco Monroy Sánchez, el ex secretario general Marco Antonio Núñez Rosas, el ex síndico Francisco Javier Moreno Soria y los 11 ex regidores que votaron a favor del cambio de uso de suelo del proyecto minero Los Cardones.
El secretario general Isidro Ibarra Morales, la síndica Rosa Solorio y regidores del cabildo de La Paz en funciones entregaron a la presidenta de la mesa directiva del Congreso local, Eda María Palacios Márquez, la solicitud para que sea atendida por los diputados.
La legisladora dijo que el Congreso del Estado procederá conforme a derecho hasta agotar todos los pasos que marcan las leyes que regulan los procesos de juicio político en la entidad.
En sesión privada, el anterior cabildo de La Paz, de mayoría priista, “aprobó” por mayoría el cambio de uso de suelo a 18 predios que presuntamente pertenecen a la empresa Desarrollos Zapal, del grupo Invecture encabezado por Ricardo Salinas Pliego, para llevar a cabo el proyecto minero Los Cardones.
El proyecto consiste en la explotación de una mina de oro a cielo abierto en la reserva de la biosfera Sierra de la Laguna, una de las fuentes de abastecimiento de agua potable de los municipios de La Paz y Los Cabos.
La aprobación del cambio de uso de suelo la llevaron a cabo los ex funcionarios y ex regidores a una semana del cambio de gobierno municipal, ocurrido el 27 de septiembre, a pesar de que la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del municipio, informó que no había emitido ninguna resolución a favor del trámite, entre otras cosas porque la empresa no acreditó la propiedad de todos los predios.
El nuevo Cabildo, en su primera sesión, desconoció la aprobación que hicieron sus predecesores porque no cumplieron con el procedimiento legal.
El alcalde panista Armando Martínez Vega señaló que no todos los regidores fueron notificados sobre la sesión donde se tomó el acuerdo de la presunta autorización, no existe un acta donde haya participación de los ediles, un registro del acta en el libro de Cabildo, ni una solicitud al gobierno del estado para la publicación del acuerdo en el boletín oficial, por lo que se trata de un documento “apócrifo”.
0 comentarios:
Publicar un comentario