Es necesario que el jefe del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en coordinación con los cinco Ayuntamientos, realicen un estudio de la factibilidad para la regularización de las tierras que no cuentan con seguridad jurídica de sus posesiones; así como de aquellas zonas de desastre habitadas, para que se puedan adquirir reservas territoriales que garanticen un desarrollo urbano ordenado.
Agúndez Gómez pidió
que se revise la situación de los límites territoriales de los cinco municipios
y se analice la posibilidad de adquirir reserva territorial por la vía jurídica
más idónea.
“Es necesario que
la reserva territorial esté al servicio de la ciudadanía de todos los
municipios de Baja California Sur y contar con espacios suficientes para que
los ciudadanos puedan tener acceso a una vivienda y patrimonio digno, al
alcance de sus posibilidades económicas, que les permita llevar a cabo un
adecuado desarrollo familiar y con certeza de contar con un patrimonio”, dijo.
Destacó que tan
sólo en Los Cabos hay cinco colonias que ya han sido afectadas por fenómenos
meteorológicos y sus habitantes no tienen escrituras ni servicios públicos, por
lo que esas viviendas no son dignas y son muy pocos los casos donde se ha
podido apoyar con infraestructura.
En la zona del
vado de Santa Rosa se asientan una gran cantidad de familias, las cuales por no
contar con accesos a créditos hipotecarios o cualquier otra forma de adquirir
un lugar para vivir, se han visto en la necesidad de ocupar un lugar de alto
riesgo.
En el caso de la
Ciudad de La Paz, los asentamientos de manera irregular, al igual que en el
Municipio de Los Cabos, se han dado por una expansión urbana descontrolada con
lo que se materializa dicha irregularidad en lotes de la periferia,
esencialmente los predios de las localidades ubicadas en colindancia con el eje
de la carretera Transpeninsular Benito Juárez, que ya generan problemas
socio-espaciales debido al rápido agotamiento de las reservas territoriales, la
falta de acceso a servicios urbanos en la vivienda como los son el servicio de
agua potable, drenaje, energía eléctrica, entre otros.
“Como gobiernos
tenemos que crear las condiciones para que estas familias puedan asegurar el
patrimonio que ya han fincado en estas dos colonias, independientemente de las
causas y las razones por las cuales se encuentren asentadas en estos lugares,
concluyó el legislador.
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