El Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó dos iniciativas enviadas por el Gobernador
del Estado, la primera, para afectar un porcentaje de las participaciones
federales presentes y futuras del Estado correspondientes al Fondo General de
Participaciones del Ramo 28, así como para constituirse como obligado solidario
de los Poderes del Estado, Municipios y Organismos Autónomos y Descentralizados
Estatales y Municipales del Estado, a fin de que realicen convenios de
reconocimiento de adeudo con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado (ISSSTE), lo cual posibilitará la recuperación de
los derechos a la vivienda y otras prestaciones de trabajadores y trabajadores;
y la segunda, para autorizar al Ejecutivo ejercer actos de dominio sobre un
inmueble ubicado en San José del Cabo, con el fin de que los recursos que se
obtengan por la operación que se defina, se destinen a obras sociales.
Durante la sesión extraordinaria del miércoles 29 de junio, la
asamblea legislativa avaló por mayoría ambos dictámenes presentados por la
Comisión Permanente de Asuntos Fiscales y Administrativos integrada por los
diputados Luis Armando Díaz, presidente, Enrique Ríos Cruz, secretario y la
diputada Paz Ochoa Amador, secretaria.
En el caso del decreto de la afectación de las participaciones, el
Ejecutivo será obligado solidario de los ayuntamientos de los cinco municipios
de Estado así como de sus respectivos organismos operadores de agua y
organismos autónomos, ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado, institución con la cual requieren suscribir
convenios de reconocimiento de adeudo y forma de pago, para cubrir adeudos que
datan desde 1992 del concepto de SAR hasta el ejercicio de 2021 sobre cuotas,
aportaciones y deducciones del ISSSTE y FOVISSSTE, que ascienden a un monto
estimado de $2 844 millones 146 mil 048 pesos, incluyendo 1119 millones 946 mil
785 pesos de intereses.
Durante las mesas de trabajo de socialización de la iniciativa,
realizadas con la Secretaria de Finanzas Bertha Montaño, los legisladores
solicitaron que los Ayuntamientos implementen estrategias formales para
incrementar su recaudación a través de áreas como seguridad pública y catastro,
entre otras.
En cuanto al decreto de autorización para
ejercer actos de dominio respecto del bien inmueble propiedad del Gobierno del Estado ubicado en el Lote 2, Manzana 12, de la sección
residencial Campo de Golf, en la Zona Turística de San José del Cabo con una
superficie de 1, 418.63 metros cuadrados, el dictamen especifica que se harán
con la finalidad de destinarlo a satisfacer las necesidades de los ciudadanos y
lograr con ello su bienestar.
El dictamen solicita al Ejecutivo informar el método y los
destinos de los recursos que se obtengan con la operación; Sugiere también
explorar las diversas opciones legales de enajenación que actualmente existen
en función del mayor beneficio, pero siempre observando y respetando la
normatividad que en su caso resulte aplicable.
Así mismo el Poder Legislativo
solicitó al Ejecutivo, presentar ante el Congreso del Estado las correspondientes
iniciativas de reforma a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos del
Estado del 2022, para el registro de la cantidad que en su caso se obtenga con
la enajenación del inmueble.
El asunto levantó la participación en
contra de los diputados Rigoberto Mares, Armando Martínez, la diputada Paz
Ochoa, así como a favor la de los diputados Luis Armando Díaz, Christian
Agúndez, y José María Avilés.
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