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| Mauricio Higuera, dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur |
Por
cada trabajador de base hay dos de confianza en gobiernos de Baja California Sur
Por
Raymundo León
La
Paz, BCS, 13 de enero.- Por cada trabajador sindicalizado hay dos de confianza
en el gobierno del estado y el ayuntamiento local, aseveró el dirigente de la
sección La Paz del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado
y Municipios de Baja California Sur, Mauricio Higuera Cota.
Dijo
que ante esta situación se tiene que poner un freno en la contratación de
trabajadores de confianza por medio de una legislación que obligue a las
autoridades estatales y municipales a pasar por el Congreso del Estado las
nuevas plazas de confianza a fin de que se verifique si existe un soporte presupuestal
para poderlas aprobar.
Expresó
que hace unos días el presidente municipal de La Paz, Rubén Muñoz Álvarez,
declaró que las nuevas plazas deberían ser aprobadas por el Cabildo, pero
seguramente se refería a las de confianza, porque las de base no pueden
afectarse de esa manera, pues ya existe una comisión mixta de escalafón que es
la encargada de revisar las peticiones de los trabajadores que buscan
incorporarse al sindicato.
El
líder sindical informó que el sindicato de burócratas del estado y municipios
cuenta con 6 mil 300 trabajadores, de los cuales alrededor de 3 mil 400
corresponden a la sección La Paz: mil 717 del gobierno del estado y Junta
Estatal de Caminos, mil 200 del ayuntamiento, 347 del Organismo Operador
Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, 180 del
Tribunal Superior de Justicia y 71 del Congreso del Estado.
Sin
embargo, señaló que en el ayuntamiento de La Paz hay más de dos mil
trabajadores de confianza y lo mismo pasa en el gobierno del estado, por lo que
el problema de exceso de personal no se encuentra en el sindicato de
burócratas.
De
hecho, expresó, el sindicato a nivel estatal no ha crecido en los últimos años,
recordando que en el periodo del alcalde de Los Cabos Arturo de la Rosa se
revocaron las plazas que se aprobaron en la administración de Antonio Agúndez, sujetándose
algunas a juicios que se han ido ganando; pero en el caso del ayuntamiento de
La Paz las más recientes fueron 30 que
se aprobaron en el periodo de Rosa Delia Cota Montaño y otras cinco en el
Congreso local en fecha más reciente.
El
argumento de las autoridades para no aumentar las plazas de base es la falta de
recursos económicos para sostenerlas, sobre todo porque desde el 2012 se logró
que en cada negociación se aplicara el mismo porcentaje de incremento de los
salarios mínimos a las prestaciones laborales.
Dijo
que la basificación de trabajadores es un tema que “asusta” a las autoridades,
pero existe el planteamiento de parte del sindicato que no se trata de crear
plazas nuevas, sino de nivelar las que ya están.
Explicó
que para ganar una plaza de base se abren convocatorias y una comisión mixta de
escalafón es la que estudia las propuestas considerando la antigüedad,
estudios, asistencia y puntualidad de los trabajadores, entre otros aspectos.
Higuera
Cota consideró que si hubiera recorte de personal de confianza podría avanzarse
en la basificación y no se afectaría las operaciones de las instituciones de
gobierno, pues con el personal que quedara podría llevarse a cabo una
reorganización, capacitación general y reacomodo de trabajadores.
Consideró
que hay personal calificado dentro del sindicato de burócratas, por lo que las
autoridades deberían tomar en cuenta a los trabajadores de base para ocupar
puestos de mayor responsabilidad, indicando que con esta medida no se
incrementaría la nómina que es un problema con el que batallan sobre todo los
ayuntamientos.
Puntualizó
que en la sección La Paz del sindicato de burócratas actualmente hay más de 350
profesionistas y muchos otros trabajadores que no lo son, pero tienen la
suficiente experiencia y capacidad para desempeñar cargos de mejor nivel, por
lo que se les debería dar la oportunidad y al menos en un periodo de seis meses
probar si pueden con la responsabilidad encomendada.
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