En principio los ejidos de BCS alcanzaron el 73 por ciento de la superficie del estado
La venta de tierras ejidales se concentra en la zona costera
Por Raymundo León
La Paz, BCS. De toda la superficie ejidal de Baja California Sur solo el cinco o seis por ciento se ha desincorporado de este régimen de propiedad social, sobre todo en la zona costera de La Paz y Los Cabos, municipios que tienen un perfil turístico, afirmó el profesor investigador, responsable de la materia de Derecho Agrario de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Carlos Cruz González.
Explicó que durante el proceso de reforma agraria de 1915 a 1991 se entregó más del 50 por ciento del territorio nacional a ejidos, pero en Baja California Sur alcanzó el 73 por ciento, a lo que hay que sumar un dos por ciento de colonias agrarias y ganaderas, conformadas a finales de los años cuarentas como parte de un proceso de colonización del territorio para proteger la soberanía, y 1.5 por ciento de terrenos baldíos y nacionales que englobarían en su conjunto la propiedad social de este estado.
Dijo que cuando se hicieron los cambios al artículo 27 de la Constitución, en el periodo presidencial de Carlos Salinas Gortari, y los ejidatarios pudieron negociar sus parcelas, los detractores de esta reforma advirtieron que en 10 años los ejidos desaparecerían, pero no fue así.
Precisó que de toda la superficie de los 100 ejidos que hay en el estado sólo cinco o seis por ciento se ha desincorporado, en especial la que colinda con la zona federal marítimo terrestre, la cual ha pasado a manos de particulares mexicanos o extranjeros, en este último caso, a través de fideicomisos porque tienen prohibido ejercer dominio pleno en tierras y aguas dentro de una franja de 50 kilómetros de las playas.
Mencionó que la mayor superficie ejidal de Baja California Sur la tiene Mulegé (el municipio más extenso de México), pero la desincorporación de tierras ejidales ha sido homogénea en todo el estado.
Sobre el destino de estas tierras privatizadas, dijo que existe la creencia de que se ha vendido a extranjeros, pero no hay datos precisos y hay mucho por investigar en ese sentido, es decir, quién está comprando la tierra social y para qué.
Mencionó que en el tema del arrendamiento el caso más emblemático es el de la Empresa Exportadora de Sal que tiene contratos con varios ejidos de la zona costera de Mulegé para utilizar parte de sus tierras a cambio de una remuneración anual.
El ejido Alfredo B. Bonfil, de La Paz, rentó tierras para la instalación de un parque eólico, mientras que otros ejidos en distintas partes del estado tienen acuerdos con empresas productoras de alimentos en zonas como El Carrizal, Melitón Albáñez, Pescadero, Todos Santos, el Valle de Santo Domingo, el Valle de Vizcaino.
Dijo que tanto las actividades agrícolas como las turísticas impactan en los recursos naturales, sobre todo el agua potable, por lo casi todos los acuíferos del estado están sobreexplotados.
El docente explicó que gran parte de Baja California Sur también tiene áreas naturales protegidas que no afectan la tenencia de la tierra, pero sí sus actividades que deben estar sujetas a los planes de manejo de las reservas, indicando que actualmente hay una controversia en torno a una iniciativa para hacer una declaratoria de este tipo en la Sierra de la Giganta y Guadalupe.
En cuanto a conflictos agrarios, dijo que los hay porque existen títulos de propiedad expedidos por los presidentes Benito Juárez y Porfirio Díaz, los cuales se contraponen a las asignaciones posteriores, ejidales y de otro tipo.
Dijo que otro problema es que no se tienen registros de terrenos nacionales en Baja California Sur, nadie sabe dónde están y cuál es su superficie, por lo que el estimado se hace descontado la propiedad privada y la social.
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