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| Daniel De la Rosa Anaya, nuevo procurador de justicia de Baja California Sur |
Raymundo
León
El Congreso del Estado ratificó a Daniel De la Rosa
Anaya como nuevo procurador general de Justicia de Baja California Sur.
Los
diputados aprobaron, por mayoría, el nombramiento del nuevo procurador que fue
designado encargado del despacho a principios de semana por el gobernador
Carlos Mendoza Davis, ante la separación de la dependencia de Erasmo Palemón
Alamilla Villeda, quien dejó el cargo “para seguir proyectos personales”.
Previo a
su aprobación, De la Rosa Anaya compareció ante los legisladores, quienes
cuestionaron sus antecedentes como funcionario en Baja California, y demandaron
resultados para disminuir los índices de delincuencia en esta entidad.
El ex secretario
de Seguridad Pública de Baja California, mencionó que México registra momentos
complicados en materia de seguridad, con delitos de alto impacto que van en
aumento, y Baja California Sur no escapa a este fenómeno.
Expresó que
los reportes que la Procuraduría genera con base en las denuncias recibidas y
al conocimiento de hechos revelan que hay meses donde la incidencia delictiva
se ha incrementado, por lo que se requiere redoblar esfuerzos para revertir
esta tendencia.
Según el
Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros diez meses del año, se
registraron 535 asesinatos en Baja California Sur, principalmente en los
municipios de La Paz y Los Cabos.
De la
Rosa Anaya presentó un plan de trabajo de cinco líneas de acción que busca
eficientar, acercar, y humanizar el
trabajo que desarrolla la Procuraduría.
Precisó
que impulsará la profesionalización
del personal; reorganizará la estructura
de la dependencia; asegurará el personal y los recursos materiales suficientes
para garantizar la debida investigación de los hechos delictivos.
Reforzará
los vínculos con las diversas instancias públicas que laboran en materia de
seguridad pública, con el objetivo de fortalecer la atención a las denuncias
que se presentan por la comisión de diversos delitos; y la argumentación ante
los jueces del nuevo sistema de Justicia Penal para que la prisión preventiva
se aplique en ciudadanos que han delinquido en varias ocasiones.
“Sé que
hay un enorme malestar entre los ciudadanos, porque el nuevo Sistema de
Justicia Penal Acusatorio no da prisión a las personas que comenten delitos
como el robo. Mi compromiso es que los agentes del Ministerio Público refuercen
los argumentos ante las autoridades judiciales, a fin de evitar que estas
personas queden libres y sigan delinquiendo, como sucede ahora”, expresó.
En
entrevista con reporteros, dijo que la Procuraduría General de Justicia del
Estado (PGJE) requiere una reingeniería de fondo para adecuarla a la nueva
realidad de inseguridad que se vive en Baja California Sur, la cual es muy diferente
a la que se tenía antes de 2014, cuando existía una incidencia delictiva
promedio.
Rechazó los
señalamientos sobre su presunta ineficacia en Baja California y dijo que, contrario
a eso, hay diversos sectores sociales, así como autoridades estatales,
federales e internacionales que avalan su trabajo, en la disminución de la
criminalidad.
Dijo que
la crisis de inseguridad que se vivió en Baja California entre 2007 y 2010 se
terminó gracias al trabajo de coordinación entre las autoridades de los tres
niveles de gobierno, así como las fuerzas armadas.
Reconoció
que la incidencia delictiva se recrudeció en 2016 y 2017 por el reacomodo de
grupos criminales que ha impacto diversas partes del país, pero señaló que los
liderazgos de delincuentes no se han empoderado como antes, cuando paseaban,
acudían a los centros de diversión y restaurantes ante la mirada temerosa de la
gente.
Expresó
que en Baja California Sur la meta es reducir los niveles de incidencia en
delitos como el robo en sus distintas modalidades en los primeros tres meses
del 2018; y entrarle de lleno a resolver los problemas de inseguridad de alto
impacto, independientemente de que se trata de contravenciones federales.
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