A fin de evitar riesgos de legalidad que impacten negativamente en las arcas municipales por la controversia generada en la legislatura pasada, el Ayuntamiento de Loreto y la diputada, Paz del Alma Ochoa Amador, presentaron una nueva Ley Hacendaria para el municipio de Loreto.
La representante
explicó que el Ayuntamiento de Loreto presentó con oportunidad su propuesta de
ley en 2019, sin embargo derivado de la falta de certeza jurídica de la
entonces mesa directiva de la XV Legislatura del Congreso del Estado y de que
ya se han presentado amparos y devoluciones de impuestos que representan al
Ayuntamiento loretano pérdidas por tres millones de pesos, es necesario repetir
el proceso legislativo.
La iniciativa
contempla ligeras variaciones principalmente en las fuentes de ingreso que
desde 2016 pasaron a ser administradas por el gobierno estatal, tales como
Registro civil, Registro Público y lo referente al Control vehicular los cuales
se abrogan.
Se incorpora un
catálogo de sanciones, derivado de la regulación establecida en los artículos
77 BIS Y 77 TER de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del
Estado, en relación a la restricción en cuanto a la venta, facilitación y
obsequio de bolsas plásticas y contenedores de poliestireno expandido para
fines de envoltura, transportación, carga o traslado de alimentos y bebidas,
así como de popotes plásticos en supermercados, tiendas de autoservicio,
farmacias, tiendas de conveniencia, mercados, restaurantes y similares.
Se incorporan
sanciones para el caso de que no se cuente una licencia previa expedida por la
Dirección de Asentamientos Humanos y Obras Públicas Municipal para edificar,
reedificar, ampliar o reconstruir las fincas ubicada en las poblaciones del Municipio
de Loreto, y también cuando se violen los sellos de clausurado.
La violación de
sellos de clausurado por no contar con la licencia respectiva se sancionará al
propietario de la construcción con el equivalente a doscientas (200) veces el
valor de la Unidad de Medida y Actualización.
Por último, se
incorpora la regulación de tarifas por servicios prestados por el área
municipal de protección civil conforme a lo dispuesto en la Ley de Protección
Civil y Gestión de Riesgos para el Estado y Municipios de Baja California Sur,
y en el reglamento municipal de protección civil aprobado por el Cabildo en el
mes de septiembre de 2019.
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