Las mujeres y hombres de nuestro
estado nos demandaron trabajar entre otros aspectos en la preservación de un medio ambiente sano, e igualmente nos exigieron que las autoridades
gubernamentales del estado y municipios rindan cuentas claras a la sociedad
sobre la utilización de los recursos públicos, aseguraron la coordinadora de la
bancada de Morena en la XV Legislatura, diputada Milena Quiroga Romero y el
presidente de la Comisión Permanente de la Auditoría Superior del Estado,
diputado Homero González Medrano, quienes estuvieron acompañados por los
integrantes del grupo parlamentario.
En conferencia de prensa explicaron
que en el pasado primer periodo
ordinario de sesiones, el Congreso a propuesta de Morena votó a favor de dotar de facultades al titular del Ejecutivo
para que decrete las zonas de salvaguarda en la entidad en las que no se podrán
desarrollar proyectos que impacten el medio ambiente, “e igualmente aprobamos
la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión Permanente de la
Auditoría Superior del Estado, como una instancia que busca contribuir a la
transparencia en la revisión de las Cuentas Públicas de más de una veintena de
instituciones sujetas a la fiscalización del ejercicio de su gasto”, precisaron
los dos representantes populares, reiterando que es una herramienta para luchar
contra la corrupción.
Señalaron que siete diputados de la XV
Legislatura presentaron recientemente
una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de
la Nación contra ambos decretos ya publicados en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado, destacando el diputado Esteban Ojeda Ramírez que no
entiende por qué en el caso de las zonas de salvaguarda, cuyo dictamen en su
momento fue votado unánimemente, ahora
algunas diputadas y diputados presentan esta acción legal.
El diputado Homero González Medrano,
quien preside la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado,
dijo que la Unidad de Evaluación y Control que fue aprobada lleva dos intentos
para que no llegue a funcionar. Detalló que cuando en la pasada XIV Legislatura
se presentó por parte de la Fracción Parlamentaria del PAN la iniciativa de Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas para su proceso legislativo,
en el documento inicial
establecía la creación de esta Unidad, pero al momento de presentar el dictamen
al pleno ya no se contempla su operación, y hoy una vez más con esta Acción de
Inconstitucionalidad se busca que no entre en operaciones, “y no sabemos porque
se oponen a ella”.
González Medrano resaltó que en el
caso de Baja California Sur los recursos públicos sujetos a fiscalización son de 23 mil millones de
pesos, que incluye a los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo, así como
los 5 ayuntamientos, los organismos operadores del Agua Potable y otras instancias
de carácter estatal.
Dio a conocer que en la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión existe una instancia similar que participa
en la fiscalización del gasto público federal y en estados como Veracruz,
Yucatán, Quintana Roo y San Luis Potosí ya cuentan con un organismo similar al
que aprobó el Congreso del Estado.
En su intervención la diputada Milena
Quiroga comentó que en el caso de las zonas de salvaguarda, existe una delgada
línea entre las competencias federal y del estado, subrayando que la iniciativa
y el dictamen está avalado por conocedores del tema.
Ambos representantes populares
manifestaron a los representantes de los medios de comunicación su confianza en
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación mantenga los decretos sin cambios,
precisando que si el fallo es en contra serán respetuosos del mismo.
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